Un motín llevado a cabo este viernes en el interior de una cárcel del estado de Portuguesa, a unos 600 kilómetros de Caracas, Venezuela, ha dejado al menos un total de 29 presos muertos y 19 oficiales heridos.
De acuerdo con el diario El País, el alzamiento inició en horas de la madrugada en la sede del Comando Policial de Acarigua, donde conviven criminales de alta peligrosidad con personas arrestadas por delitos menores a la espera de una sentencia judicial.
Los reclusos fueron hostigados por oficiales del municipio Páez y agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, conocidos por “la rudeza de sus procedimientos”.
Los enfrentamientos entre ambos bandos comenzaron hace par de semanas atrás cuando las autoridades se negaron a ampliar las visitas familiares durante el fin de semana del Día de las Madres. Las tensiones llegaron a un punto máximo luego del asesinato de uno de los líderes de la prisión, como resultado de un intercambio de palabras.
Esto, a su vez, desencadenó un cruce de disparos con presos que estaban armados con granadas.
Reportes de El País señalan que entre 2017 y 2019 se produjeron en Venezuela al menos tres sublevaciones masivas de presos, con un doloroso saldo de víctimas. Hace dos años atrás, en estado de Amazonas, un duro intercambio con la Guardia Nacional produjo la muerte de 39 convictos, quienes protestaban por las condiciones de reclusión en la sede de Policía Estatal de Carabobo.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, ha hecho responsable de esta situación directamente a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, por "haber convertido los calabozos y retenes policiales en cárceles".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también ha denunciado los “altísimos niveles de violencia en cárceles”. En relación a lo sucedido la pasada jornada en el territorio de Portuguesa, la organización hizo un llamado al régimen de Nicolás Maduro para “adoptar medidas inmediatas que garanticen vida e integridad de personas detenidas”.
“La CIDH urge a Venezuela a investigar estos hechos. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer la responsabilidad de autores materiales, sino también de autores intelectuales y de autoridades responsables por acción u omisión”, declaró el organismo en Twitter.
“El Estado tiene el deber especial de proteger la vida y seguridad de las personas bajo su custodia”.
Las crisis en cárceles venezolanas aumentaron de forma precipitada durante el Gobierno del fallecido Hugo Chávez. Muchas de estas instituciones terminaron siendo controladas por los propios prisioneros armados.
Varela, por su parte, ha sido acusada de mantener relaciones de amistad con con algunos de los gánsteres más reconocidos del mundo penitenciario venezolano y usarlos para construir “la última línea defensiva de la revolución bolivariana”.
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