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La aplicación de la Ley Mordaza podría provocar otra escalada represiva en Cuba, alerta a la ONU organización opositora

Esta ley contempla que se pueden confiscar bienes "como sanción accesoria" y condenas de prisión de siete a 20 años.

Represión de la marcha LGBTI+ en La Habana © Facebook / Alejandro Rodríguez
Represión de la marcha LGBTI+ en La Habana Foto © Facebook / Alejandro Rodríguez

Este artículo es de hace 4 años

La organización opositora Corriente Martiana hizo un llamado de emergencia este lunes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la probable aplicación de la “Ley Mordaza” o Ley 88 en Cuba.

Frente a las detenciones arbitrarias y fuertes golpizas que los agentes policiales y estatales propinaron durante la marcha de la Comunidad LGBTI+ este sábado en La Habana, el representante de Corriente Martiana cree que puede desatarse una nueva oleada represiva en el país amparada en esta ley.

El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP), Rubén Remigio Ferro, amenazó la semana pasada con aplicar la "Ley Mordaza" que establece "penas severas", aseguró Ferro en su anuncio.

Esta ley contempla que se pueden confiscar bienes "como sanción accesoria" y condenas de prisión de siete a 20 años.

También incluye sanciones si alguien colabora "por cualquier vía" con periódicos, emisoras de radio, televisión, revistas u otros medios extranjeros.

Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la organización opositora, relató a Radio Martí que el documento "Sobre violaciones y amenazas a la vida, la integridad y la libertad de quienes ejercen el derecho a la libertad de opinión y expresión de forma independiente en Cuba" fue enviado al relator especial para la libertad de expresión y prensa de la ONU, al Grupo de trabajo sobre detención arbitraria y al Relator especial para los defensores de derechos humanos.

El llamado de emergencia hecho a la ONU por Corriente Martiana tiene como propósito que la organización pida cuentas al gobierno cubano por sus actos represivos y contra los derechos humanos. También busca impedir una escalada de violencia contra grupos opositores, activistas y periodistas independientes.

Solo en abril ocurrieron en Cuba 227 detenciones arbitrarias por parte de la policía política, denunció recientemente El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), asociación que tiene sede en Madrid.

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