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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), una organización no gubernamental radicada en la capital de España, informó este sábado que el Gobierno de Díaz-Canel duplicó las detenciones arbitrarias en Cuba durante el proceso del Referéndum Constitucional.
“Responsabilizamos al gobierno de Miguel Díaz-Canel por la creciente represión contra los activistas independientes. Casi un año después de su designación al frente del país, se mantiene el cerco contra la sociedad civil”, afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
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Según un comunicado de prensa emitido por la red opositora, el pasado mes de febrero se registraron, al menos, 405 arrestos “como consecuencia de la represión gubernamental contra los activistas que promovieron el NO o la abstención” en las votaciones por la nueva Carta Magna de Cuba.
Los eventos se llevaron a cabo, mayoritariamente, en las provincias de la La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba. La represalia del régimen comunista contra los disidentes también incluyó el “allanamientos de viviendas, confiscaciones de materiales de trabajo, multas y retenciones en domicilios”.
“Lo sucedido durante el proceso del Referéndum Constitucional demuestra que, ante las expresiones contestatarias y de descontento por la situación económica, el Gobierno de Cuba opta por intensificar la represión, y no por las reformas”, explicó González.
La OCDH llegó a reportar episodios violentos contra activistas de derechos humanos y observadores electorales independientes.
“La ola de citaciones policiales, incluso posterior al Referéndum, reafirma la línea represiva del gobierno y evidencia la preocupación de La Habana por los resultados reales de la consulta constitucional”, agregó el líder opositor.
En la nota de prensa se refleja que entre las organizaciones independientes que más sufrieron el acoso del régimen cubano estuvieron: la Unión Patriótica de Cuba, las Damas de Blanco, el Foro Antitotalitario Unido, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, Somos Más, entre otras.
A inicios del presente año el OCDH había denunciado un total de 183 detenciones arbitrarias en la Isla, acontecidas en el mes de diciembre. De estas acciones 96 habían sido contra mujeres y 87 contra hombres.
En aquel entonces, el movimiento de observadores en la Isla había detectado un patrón de arrestos, durante la última fase de debate del borrador de la Constitución. A la par, el gobierno había aumentado sus acciones violentas contra artistas que públicamente se opusieran al Decreto Ley 349, un mecanismo de censura contra el arte impuesto por el Gobierno cubano.
La Comisión Electoral Nacional, declaró que la nueva "Ley de leyes" fue aprobada por el 86.85 % de los votos, con una participación del 84.4 % de los cubanos convocados a las urnas. Solo un 9%, se declaró en contra y 4.15% de las boletas fueron entregadas en blanca o anuladas.
El Refrendo Constitucional ha sido criticado por personas y entidades externas. Entre ellas, el Gobierno de Estados Unidos quien calificó el ejercicio como un "teatro político" marcado por la "represión del debate público".
La nueva Carta Magna de Cuba posee un total de 229 artículos, 11 títulos, dos disposiciones especiales, 13 transitorias y dos finales. Garantiza que el Partido Comunista es el único legal en Cuba y está por encima del Estado. Además, mantiene el carácter "irrevocable" el sistema socialista.
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