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El discurso oficial cubano va de batalla en batalla. En cuestión de años los comunistas de la Isla han pasado de la "batalla de las ideas" de Fidel Castro a la "batalla ética contra la corrupción" de Díaz-Canel.
El gobernante cubano se refirió a esta nueva campaña en la reunión del balance anual del Ministerio de Energía y Minas, recogida por el diario Granma. Lo hizo al referirse a la política de cuadros. En su opinión, en ellos descansa la gestión de los recursos humanos y materiales. Es en este punto donde deben mostrarse, según Díaz-Canel, contrarios "a las ilegalidades y el robo de combustible".
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Para el sucesor de Raúl Castro es "inadmisible" que el sector estatal cubano sea incapaz de controlar el uso que sus empleados hacen del combustible asignado. "El país gasta anualmente más de 3.000 millones de dólares en la compra de combustible y es inadmisible que se lo roben", dijo hace tres semanas en Sancti Spíritus.
Desde que asumió el poder, Díaz-Canel se ha marcado como meta conseguir que el combustible del Estado no termine en el negocio de los cuentapropistas que compran la gasolina y el petróleo en el mercado negro ante la ausencia de un mercado mayorista en la Isla o de rebajas fiscales para que sus negocios (sobre todo en el sector transporte) sean rentables sin tener que recurrir a irregularidades.
Sin embargo, pese a que el Gobierno ha echado un pulso a la venta ilegal de combustible estatal y que se sabe que las empresas del sector azucarero son de las que más recursos desvían al mercado negro, la prensa oficialista no suele informar de sanciones a cuadros que caen en combate en la "batalla ética contra la corrupción".
Díaz-Canel tiene claro (verbalmente) lo que hay que hacer para sacar a Cuba de la crisis crónica que sufre el país: encadenar procesos productivos entre la empresa estatal, privada y semiestatal, fomentar la inversión extranjera, las empresas mixtas, las exportaciones... Para él es imprescindible "trabajar en función de la economía". El problema es que ninguno de sus retos empieza a dar visos de querer cuajar.
En menos de un año al frente del Gobierno, Díaz-Canel ha cambiado a su ministra de Finanzas, heredada de Raúl Castro, y al de Transporte, pero pese a los malos datos económicos, los de Economía, Turismo, Industria, etc, se mantienen.
En marzo de 2018 el Sistema Nacional de Auditoría registró en Cuba un aumento de los delitos económicos tras detectar un agujero de 300 millones "en moneda total" en 2017, superando los descubiertos de 2016. No aclararon en ese momento si hablaban de 300 millones de pesos cubanos (11,3 millones de CUC) o consideraron que 300 millones de pesos equivalen a 300 millones de CUC, ya que el Estado hace el cambio a 1x1.
En 2017 fueron denunciados 1.012 delitos económicos frente a los 732 del año 2016. Asimismo, se le dio seguimiento a 915 casos, superando los 678 de los 12 meses anteriores. En total se recibieron 1.935 denuncias, muchas de ellas anónimas.
Este incremento delictivo se debió, según la versión oficial, al incumplimiento de planes económicos y las deudas de las empresas estatales; a que los cuentapropistas declaran menos ganancias de lo que deberían, a la acumulación de cuentas por cobrar y "en menor medida" a faltantes y pérdidas.
También a fraudes en la contratación, control del combustible, en los pagos de empresas estatales a privadas y en el uso indebido del presupuesto del Estado. La mayor parte de los delitos de corrupción detectados se registró en entidades de Comercio Interior y en la Empresa de Mensajería y Cambio Internacional, que se enfrenta al lavado de dinero.
Por estos motivos fueron sancionados 1.237 directivos, 1.370 ejecutivos y 3.051 trabajadores. En el caso de los jefes, 209 sanciones fueron por responsabilidad colateral (114 directivos y 95 ejecutivos).
En total se aplicaron 5.658 medidas disciplinarias; más de la mitad a empleados. Son estos los que terminan siendo las víctimas de la "batalla ética contra la corrupción".
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