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Panamá, 27 jul (EFE).- Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, calificó hoy de "totalmente falsas" las declaraciones ofrecidas al diario español El País por el exabogado de Odebrecht Rodrigo Tacla, el cual aseguró que el mandatario recibió sobornos de la constructora e intervino en la Justicia para obstruir las investigaciones.
Tacla aseguró que la trasnacional brasileña abonó un millón de euros a dos proveedores de la empresa de ron propiedad de la familia de Varela y que corrió con gastos de la campaña del mandatario que lo llevó a la Presidencia en 2014.
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"En mi campaña presidencial las donaciones ya fueron públicas y la información dada sobre la empresa Varela Hermanos es totalmente falsa", dijo el mandatario a periodistas.
Añadió que la denuncia del exabogado de Odebrecht, al que la Justicia brasileña solicita por el pago de los sobornos de la constructora, es una "cosa sembrada" en la que venían trabajando "abogados en Miami", sin ofrecer más precisiones.
Tacla dijo a El País que estuvo en una reunión en la que el responsable de Odebrecht en Panamá, André Rabello, afirmó que tenía la confirmación de Varela de que la Justicia panameña no iba a colaborar con los requerimientos judiciales de Brasil sobre el caso.
"Todos los temas que tienen que ver con cooperación judicial los maneja el Ministerio Público y es el Ministerio Público (...) el que está llevando esta investigación. Yo no puedo estar opinando en temas de una investigación y lo que toca es confiar en las autoridades del país, que tienen que dar con los responsables, recuperar el patrimonio y que se sepa toda la verdad", reiteró Varela este jueves, durante una gira en el centro del país.
Tacla se encuentra en España, donde será juzgado después de que la Audiencia Nacional rechazara su extradición a su natal Brasil, que le reclama por supuestamente lavar más de 12 millones de euros por orden Odebrecht, lo que el abogado niega, informó el rotativo español.
En la entrevista con El País, el abogado brasileño-español dijo que Odebrecht hizo llegar dinero a una allegada de Varela, a la que identifica como Michelle Lasso, a través una cuenta suya en Antigua y Barbuda, mientras el mandatario fue vicepresidente panameño (2009-2014), durante la Administración de Ricardo Martinelli.
Sobre esto, Varela solo dijo: "yo no puedo contestar por terceras personas".
El presidente añadió que es una lástima que la licorera de su familia se vea afectada por su carrera política, y pidió disculpas a los 1.500 trabajadores de la compañía y a sus accionistas por estos "ataques injustos y falsos".
La constructora brasileña es el epicentro de un escándalo internacional de sobornos que salpica a mandatarios, exmandatarios y otros altos cargos de varios países de América Latina.
La constructora admitió ante la Justicia de EE.UU. haber pagado 788 millones de dólares en 12 países, la mayoría latinoamericanos. De ese monto, 59 millones se distribuyeron en Panamá entre 2009 y 2014, cuando gobernó Martinelli y Varela era vicepresidente.
De acuerdo con Tacla, la suma real de todos los sobornos supera los 2.200 millones de euros (2.500 millones de dólares).
El Ministerio Público (MP-Fiscalía) panameño ha informado de que tiene abiertas 24 investigaciones sobre el caso que competen solamente a la empresa Odebrecht y a su actuación en la adjudicación de distintos proyectos ejecutados desde 2004 hasta la actualidad.
La Fiscalía ha dicho que los imputados por los sobornos de Odebrecht en el país -entre los que están dos hijos del expresidente Martinelli- suman 36 personas, de las cuales 22 son panameñas, 13 brasileñas y una estadounidense.
El órgano fiscal ha retenido 56 millones de dólares en cuentas de Suiza, Andorra y Panamá, así como un helicóptero y un lujoso apartamento en España, ambos vinculados con los hijos de Martinelli.
En sus investigaciones, el MP ha hecho pública la colaboración con sus autoridades homólogas en Brasil y en junio pasado ambas fiscalías firmaron en el país suramericano un convenio sobre el uso de la información intercambiada.
Ese anuncio se hizo días después de que se levantara la reserva procesal que había en Brasil sobre la Operación Lava Jato, una investigación de gigantescas dimensiones que involucra a la estatal Petrobras y Odebrecht.
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