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La Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya recibió la demanda por torturas cometidas por parte del Gobierno de Venezuela, que llegarían a 600 desde 2002 hasta la actualidad.
La demandante es la abogada Tamara Sujú, nacida en Caracas y residente desde 2014 en Praga por las "amenazas" que recibió en su país natal. "Confío en que todo el material presentado demostrará que en este país se ejerce desde años un tipo de control social a través de la tortura y el terror", aseguró en una entrevista con EFE.
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Así se expresó durante una visita a Brasil como directora del instituto checo de estudios sobre América Latina CASLA.
La justicia internacional ahora deberá decidir si acepta las denuncias presentadas, algo que llega en un momento de máxima turbulencia social en el país chavista donde el balance es de, al menos, 26 muertos y cerca de 500 lesionados.
La letrada señaló a "todos los organismos de seguridad" del Estado venezolano y reveló que unos 200 casos de tortura se produjeron a partir de 2014.
Perdigones de goma, el arma preferida
Sujú explicó que la gran parte de los heridos en Venezuela se produjeron por el empleo de perdigones de goma, que fueron disparados a corta distancia, y balas usadas por "grupos paramilitares, civiles sicarios armados por el Gobierno".
Respecto al blanco de los ataques detalló que "no hay diferencias de edad, de sexo ni condición social" porque las víctimas van desde adolescentes hasta ancianos.
Para la directora del CASLA el problema que tiene el actual jefe de estado venezolano es que la población "empieza a perder el miedo", a pesar de que el número de arrestados políticos ya excede los 170.
"La tortura en Venezuela es sistemática y busca obtener información sobre los opositores hasta intimidar a adversarios del Gobierno o simplemente castigar a quienes protestan", afirmó.
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