El antiguo matadero Antonio Maceo se ha convertido en el improvisado lugar donde viven 300 cubanos.
Desde 2009, ocho años más tarde de su cierre, conviven en este espacio varias familias en condiciones precarias y en medio una tensa relación con las autoridades cubanas.
Los altercados marcaron el inicio de la estancia, al mismo tiempo que el gobierno municipal cortaba el suministro de luz y agua.
Las amenazas de desalojo y las multas de los inspectores de Vivienda fueron los primeros obstáculos a sortear pero no los únicos, porque las escuelas, dentistas y policlínicos se negaron a atender a estos ilegales bajo el pretexto de que no consta que estuvieran domiciliados allí.
Tras cinco años de presiones todo cambió en 2014, cuando se permitió el acceso a los servicios de educación y salud en las instalaciones más cercanas.
Lo que todavía permanece en el olvido son las promesas del ejecutivo de la isla para instalar relojes contadores, algo que lleva este grupo de cubanos a no pagar la electricidad que consumen.
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