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El Ministerio de Transporte de Cuba anunció que la entrada en vigor de las actualizaciones a la política de comercialización de vehículos en el país sufrirá un retraso debido a la necesidad de ajustar las normas con los organismos implicados.
Eduardo Rodríguez Dávila, titular de la cartera, explicó en una publicación en Facebook que aunque se esperaba implementar las disposiciones para estas fechas, el proceso ha requerido más tiempo del previsto.
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El ministro reconoció la inquietud generada entre los ciudadanos por la nueva normativa: "Entendemos las preocupaciones de todos", señaló Rodríguez Dávila, al tiempo que aseguró que los detalles finales se encuentran en etapa de conciliación y que se informará oportunamente una vez concluyan los ajustes.
La actualización de la política incluye aspectos como la transmisión de propiedad de vehículos de motor y la comercialización en moneda libremente convertible.
Estas disposiciones fueron aprobadas en el Decreto 83/2023, orientado a optimizar el acceso a vehículos y a generar ingresos para la recuperación del transporte público en Cuba.
En septiembre pasado Rodríguez compartió en redes sociales infografías que explicaban la formación de los precios de los vehículos importados, un tema que ha generado críticas entre los ciudadanos por sus altos costos.
Según estas gráficas, el precio final de un vehículo resulta de sumar el costo base del proveedor, gastos de importación (6%), margen comercial (20%) e impuestos especiales, que varían según la gama del vehículo y pueden alcanzar hasta un 35%.
Por ejemplo, un vehículo estándar puede alcanzar un precio final de 15,900 USD o euros, mientras que un auto de alta gama podría costar 17,172 USD o euros. Estos precios son considerados inalcanzables para muchos profesionales en Cuba, quienes han manifestado su frustración a través de redes sociales.
En julio pasado, el gobierno permitió la importación de vehículos por parte de cubanos en misiones en el exterior, como brigadas médicas y personal diplomático. Además, se implementaron exenciones arancelarias para carros eléctricos, aunque la falta de infraestructura para estos vehículos ha generado dudas sobre su viabilidad.
El régimen asegura que los ingresos derivados de aranceles e impuestos serán destinados al desarrollo del transporte público, un sector gravemente afectado por la crisis económica que atraviesa el país.
Sin embargo, los altos precios de los vehículos y la falta de alternativas accesibles han intensificado el debate en torno a las políticas anunciadas.
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