Autoridades del régimen cubano imputaron varios delitos a la treintena de ladrones que presuntamente robaron más de 130 toneladas de pollo, según informó el ministerio del Interior (MININT).
“Varios delitos se les imputan a 30 involucrados en la sustracción de más de 130 toneladas de pollo en la empresa COPMAR en La Habana, que afectaron la distribución del producto destinado a la canasta básica de nuestro pueblo”, aseguró el MININT en X.
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Un amplio reportaje del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana indicó que los detenidos enfrentan cargos por los presuntos delitos de malversación, robo con fuerza, cohecho e incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas o receptación.
Los hechos tuvieron lugar en la Empresa Comercializadora de Alimentos (COPMAR) en una fecha que no fue especificada en la información. Según el citado medio, el faltante de 1,660 cajas de pollo en la Cámara 414 de dicha empresa se detectó “a la mañana siguiente”.
“Acudimos al lugar y determinamos que ciertamente habían penetrado al lugar, obteniendo imágenes donde evidenciaban que ciertamente había una cantidad de cajas de pollo dentro de la cámara que no existía en este momento”, explicó el Mayor Yunier Ocampo Suárez, jefe de Sección del Departamento Técnico de Investigación (DTI).
Según el director general de COPMAR, Rigoberto Mustelier Sandoval, inicialmente se contabilizó un faltante de “alrededor de unas 26 toneladas”. Sin embargo, a raíz de ello, se realizó un inventario más amplio y se detectó un faltante de más de 130 toneladas de pollo.
“En los grupos de análisis que hicimos, y al continuar la inspección en todas las cámaras de frigorífico, pudimos determinar que el faltante era de 133 toneladas de pollo”, afirmó la Capitana Olga Lidia Paneque Escalona, jefa sección de Instrucción del MININT.
Según Mustelier Sandoval, esa cantidad equivale a “la canasta básica de una provincia mediana en la distribución que estamos haciendo del pollo”.
Una fluctuación de la temperatura de la cámara, detectada entre las 12 y 2 de la madrugada, junto a movimientos de vehículos sospechosos captados por las cámaras de videovigilancia aledañas a la entidad podrían indicar la operatoria de los implicados, según el medio oficialista.
Además, se encontró que el sello de la cámara frigorífica estaba troquelado. “Había trabajadores implicados que sustituían los sellos oficiales de la entidad”, señaló el Teniente Coronel Rafael Galera Cerrera, primer oficial operativo del DTI.
“Tenemos entendido que los cómplices de aquí le daban el número y venían con el mismo sello, y se volvía a poner el mismo sello, cosa que impedía detectar de forma inmediata que se había forzado o se había entrado en la cámara”, explicó Dayana Castro Cruz, nueva directora de la UEB Habana, tras la “separación de la entidad” del director general y la anterior dirección, “como resultado de las medidas aplicadas”.
Entre los presuntos autores y como parte de la cadena delictiva se encuentran jefes de turno, tecnólogos, custodios y desocupados ajenos a la empresa, señaló el citado medio.
“En la actualidad contamos con 30 imputados, 11 de ellos asegurados con la medida cautelar de prisión provisional”, precisó Paneque Escalona, quien detalló que en “los ocho registros domiciliarios” que se realizaron a los imputados se ocuparon bienes comprados con el dinero mal habido (“alrededor de 3 millones de pesos y otras monedas como dólares americanos”), tales como computadoras, splits de aire acondicionado, televisores y neveras.
Según Ocampo Suárez, se determinó que cada caja de pollo se vendía en el mercado negro a un precio de 3,800 pesos.
“Era vendido ilícitamente en casas de personas que se hacían pasar por TCP [trabajadores por cuenta propia] o trabajadores de Mipymes. Las ganancias ilícitas que obtenían oscilaban entre 50 y 200 mil pesos en dependencia del nivel de participación que tenían cada uno de ellos en la actividad delictiva”, indicó.
Por su parte, la Fiscal del Departamento de procesos penales de La Habana, Marta María González del Sol, los presuntos implicados recibirán sanciones severas porque “las consecuencias son graves, los perjuicios también. Y en el momento histórico en que estamos viviendo, el producto afectado y la población, [el hecho] requiere entonces de una decisión severa”.
De acuerdo al reporte, la Fiscalía General de la República señaló que los responsables podrían enfrentar “penas máximas de hasta 20 años de privación de libertad, según las circunstancias agravantes y atenuantes, el grado de participación, las características de los imputados y otros elementos”.
El resultado de la investigación del MININT determinó que el faltante de pollo en la empresa COPMAR ascendía a más de 130 toneladas, o sea, el equivalente a “la canasta básica de una provincia mediana”, según el nuevo director general de la empresa.
El faltante de pollo de la canasta familiar normada que vienen denunciando los cubanos desde hace meses podría encontrar en este hecho una posible explicación, o justificación.
Sin embargo, en el contexto del actual “movimiento de cuadros”, el presunto hecho también podría interpretarse como una estratagema para buscar “chivos expiatorios” a problemas de corrupción, desfalcos o incapacidad del gobierno para suplir el alimento de forma racionada a través de la libreta de abastecimiento, a la que han señalado en varias ocasiones como una anacrónica “distorsión” de la economía.
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