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Un grupo de legisladores del partido liderado por el presidente argentino Javier Milei, La Libertad Avanza, presentó este miércoles un proyecto para derogar la ley del aborto y considerarlo un delito penal, incluso en caso de violación.
El proyecto presentado ante la Cámara de Diputados por el grupo parlamentario de Milei pide la derogación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) -aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021 por el gobierno de Alberto Fernández- y que el aborto sea declarado un delito, tanto para la mujer como para quienes participen en la intervención, señaló un despacho de la agencia española EFE.
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Sin embargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este jueves en su conferencia de prensa habitual que la decisión de discutir la derogación de la ley de aborto legal “no es parte de la agenda del Presidente, no ha sido una decisión del Presidente y no está impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”.
“Estamos preocupados, abocados y trabajando sin ningún tipo de descanso en otros temas muchísimo más urgentes y, si se quiere, más relevantes que este tema”, sostuvo Adorni.
La propuesta de los libertarios se produce en medio de la crisis política a raíz de la caída de la “ley ómnibus” con la que el gobierno de Milei pretendía reformar el país, y fue presentada por su portavoz en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, y firmada además por Lilia Lemoine -muy cercana al ámbito de Milei- y otros cuatro legisladores. El proyecto es una iniciativa de la diputada Rocío Bonacci.
El proyecto de ley propone penas de tres a 10 años para quienes “provoquen el aborto de una mujer sin su consentimiento, que podrían llegar a 15 en caso de fallecimiento de la madre”, señaló la nota. “En el caso de que haya consentimiento, las penas serían de uno a cuatro años, que podrían aumentar a seis si la mujer fallece”.
La ley IVE permite interrumpir de forma voluntaria el embarazo hasta la semana 14 de gestación “de forma segura, legal y gratuita”, en un máximo de diez días desde su requerimiento, recuerda EFE.
Sin embargo, acota la nota, después de esas 14 semanas, el aborto sólo es legal “bajo dos causales que rigen desde la aprobación del Código Penal en 1921: cuando corra peligro la vida de la mujer o si el embarazo fue producto de una violación”.
El proyecto de los diputados de Milei busca poner fin también a lo legislado hace 103 años, que determinó que no es punible el aborto en casos de riesgo para la salud de la mujer o de violación. “La propuesta de los libertarios sólo menciona vagamente los casos de ‘riesgo de vida’”, apunta una nota del periódico español El Mundo.
La propuesta de los libertarios establece la intervención de un juez en caso de violación: “El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior y la naturaleza del hecho”.
La aprobación en diciembre de 2020 de la ley del aborto en Argentina -pionera detrás de las de Cuba y Uruguay en una región profundamente católica como América Latina- se produjo tras un largo y fervoroso debate.
La norma busca evitar la muerte por mala praxis de mujeres que se realizan abortos de forma clandestina, mediante la interrupción legal y gratuita de los embarazos hasta la decimocuarta semana de gestación.
La ley fue aprobada por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.
El proyecto, impulsado por el presidente Fernández, dividió las aguas en la sociedad argentina y también en el Congreso, donde recibió el apoyo de legisladores oficialistas y opositores.
Semanas antes, la norma había sido aprobada por la Cámara de Diputados pese a la oposición de la Iglesia Católica local. Hasta el Papa Francisco -de nacionalidad argentina- criticó entonces la iniciativa a través de un tuit: "Toda persona descartada es un hijo de Dios".
En 2018, el Senado argentino dijo no al aborto, al rechazar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que ya había sido respaldado en la Cámara de Diputados.
La votación final computó 38 senadores en contra, 31 a favor, dos abstenciones y un ausente. De esa manera, la interrupción del embarazo se mantuvo como un delito sancionado con hasta cuatro años de prisión, según la ley de 1921.
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