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El gobierno de Costa Rica anunció nuevas medidas que afectarán a los solicitantes de asilo en ese país, fundamentalmente a aquellos que procedan de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, dijo que acabará con la migración económica, de ahí que se hayan adoptado sendos decretos que modifican el reglamento de solicitud de refugio y otorgamiento de permisos laborales, y restringe la Categoría Especial Temporal.
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"Costa Rica seguirá siendo un faro de seguridad y esperanza para aquellos que de verdad necesitan protección”, declaró Chaves.
A partir de la entrada en vigor de las nuevas medidas, los solicitantes de protección internacional deberán cumplir con un procedimiento interno de estudio para recibir un permiso de trabajo.
En el caso de aquellos inmigrantes que ya cuentan con permiso de trabajo, ese documento será renovado solo si se inscriben como trabajadores y cotizan ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Las solicitudes de asilo deberán hacerse de manera presencial, y la nueva normativa establece que el tiempo máximo para hacerlo es de un mes, a partir de la entrada al país.
Mientras se realiza el proceso, ese solicitante de asilo no podrá salir del país "por ningún motivo", y de hacerlo, las autoridades entenderán que se abandonó el proceso.
“Había personas que han estado en el país 10 o 15 años y no habían solicitado el refugio, pero se dieron cuenta que por ahí le salía el permiso de trabajo básico, automáticamente, muy rápido, ahora en adelante si usted viene huyendo por razones legítimas tiene un mes para solicitar el refugio”, reveló el presidente.
Las personas naturales de Cuba, Nicaragua y Venezuela que no califican como refugiados o llevan mucho tiempo en Costa Rica podrán optar por la Categoría Especial Temporal, que entrará en vigor a partir del 23 de marzo de 2023.
Desde la Dirección General de Migración y Extranjería Costa Rica avisaron que el propósito de esta medida es "liberar el sistema de refugio, el cual ha sufrido un uso abusivo de la figura que afecta negativamente a las personas solicitantes de refugio que verdaderamente son meritorias de la protección internacional y que deben esperar por meses e incluso años para contar con una resolución sobre su estatus de persona refugiada".
Quienes apliquen a esta categoría, deben renunciar a la solicitud de asilo e inscribirse en la Caja del Seguro Social y así poder trabajar durante dos años.
Es requisito indispensable no tener antecedentes penales en su país de origen y haber solicitado asilo entre enero de 2010 y septiembre de 2022.
Costa Rica dedica cada año unos 300 millones de dólares al año para atender las solicitudes de asilo, una cifra que asciende a 222,056 en los últimos cuatro años y de los cuales el 90 % no reúnen las características para otorgar el estatus de refugiado, según datos oficiales.
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