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El juicio contra 15 manifestantes del 11J en el municipio habanero de Diez de Octubre, entre los que se encuentra el menor de edad en el momento de las protestas, Jonathan Torres Farrat, quedó concluso para sentencia.
Durante el proceso judicial que sesionó el miércoles y jueves últimos en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo, Fiscalía acordó modificar los delitos de atentado, desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir a todos los imputados y sustituirlos por el de sedición, un delito contra la seguridad del Estado.
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Lo anterior fue confirmado por Barbara Farrat Guillén, madre de Jonathan Torres, al que fiscalía pidió inicialmente 8 años de privación de libertad.
“Les cambiaron para sedición; increíble, pero cierto”, dijo Farrat a CiberCuba y agregó que excepto uno, a los acusados en el Expediente en Fase Preparatoria No. 833 “les rebajaron de dos a tres años [de cárcel] y a Jonathan le están pidiendo cinco, pero sin internamiento”.
Sin embargo, la propuesta de fiscalía no significa una decisión firme, y habrá que esperar a la sentencia firme para saber, a ciencia cierta, qué tipo de sanción les será imputada a los manifestantes que participaron en las protestas de la Esquina de Toyo, donde hubo enfrentamientos y disparos de la policía. De acuerdo con Farrat, las conclusiones del juicio se darán a conocer en 15 o 20 días.
Lo preocupante es que, a diferencia de los cargos impuestos en la petición fiscal, la sedición es un delito contra la seguridad del estado con un marco sancionador más recio que una sanción conjunta por los delitos de los que se les acusaba antes.
Para que se entienda, en el EFP 833, una de las peticiones fiscales más altas fue la de Maykel Arnaldo Reyes Álvarez (40), a 12 años de privación de libertad por atentado, desórdenes públicos e instigación a delinquir, con un máximo de penalización por cada una de 8, 3 y 1 año respectivamente. Sin embargo, una condena por sedición puede llegar a 20 años de cárcel, según el Código Penal vigente.
En declaraciones a este sitio de noticias, el abogado de Cubalex, Alain Espinosa, dijo que el cambio de delito evidencia de manera flagrante la parcialidad, la falta de separación de poderes y el irrespeto por la legislación interna y los principios que rigen la función judicial.
“Al modificar la calificación se aseguran un margen de discrecionalidad muy amplio para sancionar a cada uno de los acusados en función de los intereses puntuales que tengan para con ellos, pues el delito de sedición tiene un marco sancionador muy amplio, en dependencia de los hechos que se le imputen puede ir desde 1 año de privación de libertad hasta la pena de muerte”, dijo el letrado.
“Esto le da la posibilidad de imponer sanciones menos severas, incluso subsidiadas por variantes que no conlleven internamiento, en los casos de mayor visibilidad como el de Jonathan, para vender una imagen de flexibilización de cara al exterior y, al mismo tiempo, imponer sanciones extremadamente severas en los casos menos visibilizados o de interés puntual y, de esa forma, intimidar al resto de la ciudadanía para que se abstengan de ejercer sus derechos”, concluyó.
Otro de los sucesos que trascendieron durante el juicio de estos 15 manifestantes fueron las contradicciones en testimonios de oficiales de la Policía sobre si las fuerzas represivas dispararon o no el 11 de julio de 2021. Unos dijeron que nadie disparó su revólver porque tenían orden de no disparar al pueblo, y otro aseguró que sus colegas sí dispararon, según declaraciones a Radio Televisión Martí y a Diario de Cuba de Orlando Ramírez, esposo de Farrat y padrastro de Torres.
El propio Torres fue blanco de disparos durante las manifestaciones del 11J y tuvo buscar proteccion en las columnas de un portal, como lo muestra un un video publicado por la editora y activista Salomé García Bacallao en enero pasado.
Ramírez señaló además que la mayoría de los testigos de Fiscalía eran policías y calificó sus argumentos de "incongruentes", en tanto señalaron como imputados a quienes no lo eran.
Más tarde, en una directa de Facebook, Farrat relató el único policía que acusaba a su hijo vive en una zona muy lejana de su familia y no era probable que el día de las protestas estuviera por allí.
"Al final ayer se le cayó la máscara, no reconoció a mi hijo en el juicio", dijo.
La madre también había sido citada por Fiscalía para que declarara en contra de su propio hijo, pero se acogió a su derecho de guardar silencio por grado de parentesco. "Me preguntaron nada más que mi nombre, mi apellido y la edad que tenía y que si conocía algún acusado. Les dije que yo era la madre de Jonathan Torres Farrat y que me abstenía a declarar", relató a Radio Televisión Martí.
El juicio se celebró en medio de una fuerte presencia policial, especialmente en el segundo día, declaró al citado medio el activista Ángel Cuza Alfonso, actualmente detenido.
Pocas personas pudieron acercarse al lugar, entre ellas, algunas madres de otros manifestantes y la periodista independiente Yania Suárez, mientras al activista Arián Cruz Álvarez, conocido en las redes como Tata Poet, le negaron el acceso.
De la prensa acreditada en Cuba, solo ha trascendido la cobertura de EFE que destacó la crítica que hicieran dos de los abogados sobre los juicios contra los que protestaron el 11J.
EFE citó una fuente presente en la sala que dijo estar “sorprendida” con los fuertes argumentos de los letrados que le hizo temer por su seguridad. Uno de ellos dijo: “Es hora de que el país empiece a sanar las heridas, es hora de que el país se siente a dialogar, es hora de que el país cree espacios públicos para que todas aquellas personas que no piensen igual puedan manifestarse de forma segura y legal sin que se les impute un delito”, asegura la fuente.
Asimismo, agregó que el cambio de delito a sedición provocó malestar entre los abogados porque implica “una intención de desestabilizar el orden del Estado” y porque no aplica en este caso, en tanto, la protesta de Diez de Octubre sucedió lejos de la sedes de poder.
Entre los manifestantes enjuiciados se encuentra el joven de 18 años Andro Ledesma Prieto, con problemas de aprendizaje y psicológicos, y Omar Bravo Cruzata, cuya hermana Yesenia Díaz fue recientemente detenida para evitar que asistiera a un encuentro de familiares de presos políticos en la embajada de los Estados Unidos, había denunciado Justicia 11J.
A continuación, los nombres y edades de los 15 manifestantes que fueron juzgados, incluidas las peticiones iniciales de la Fiscal Vivian Pérez Pérez como consta en el EFP 833. Nótese que estas peticiones fiscales responden a los delitos de atentado, desórdenes públicos e instigación a delinquir y no reflejan la propuesta hecha por el tribunal durante el juicio.
1. Maykel Arnaldo Reyes Álvarez (40), 12 años de privación de libertad
2. Andro Ledesma Prieto (18), 10 años de privación de libertad
3. Omar Bravo Cruzata (22), 11 años de privación de libertad
4. Luis Daniel Carrillo Urquiola (18), 10 años de privación de libertad
5. Kevin Lázaro Pimentel Oduardo (19), 10 años de privación de libertad
6. Dayana Camejo Ramos (34), 7 años de privación de libertad
7. Kelvin Edward Charles Matos (18), 10 años de privación de libertad
8. Ernesto Brieva Sempé (48), 12 años de privación de libertad
9. Hansel Felipe Arbolay Prim (28), 11 años de privación de libertad
10. Manuel de Jesús Rodríguez Santiesteban (51), 11 años de privación de libertad
11. Jonathan Torres Farrat (17), 8 años de privación de libertad
12. Alejandro Flores Rubio (22), 10 años de privación de libertad
13. Yuniel Blanco Jiménez (35), 10 años de privación de libertad
14. Richard Jorge Hierrezuelo (36), 13 años de privación de libertad
15. Rudyelis Ulloa López (36), 10 años de privación de libertad
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