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Dos hermanas condenadas por las protestas del 11J y que se encontraban bajo fianza, arribaron a Estados Unidos el domingo último, tras salir de Cuba por vía marítima el día anterior.
Se trata de Mariana Fernández León, de 20 años, y Yaneris Redondo León, de 31 años de edad, sentenciadas en septiembre pasado a 4 años de trabajo correccional sin internamiento y a 7 años de privación de libertad, respectivamente, por los delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato.
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La editora y activista Salomé García Bacallao dio la voz de alarma en Twitter este lunes e hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que “no sean deportadas y tengan la oportunidad de defender su solicitud de asilo ante un juez evitar su deportación”.
De acuerdo con García, "Mariana está siendo atendida en un hospital porque llegó deshidratada". Se desconoce en qué condiciones se encuentra Yaneris.
En declaraciones a CiberCuba, la activista explicó que, tras el juicio, las hermanas León quedaron bajo fianza a la espera del recurso de casación.
Inicialmente, habían sido detenidas el 18 de julio de 2021 por su participación en las multitudinarias protestas y liberadas una semana después bajo fianza de 1,000 CUP.
“Durante un año fueron acosadas por la Seguridad del Estado, incluyendo al novio de una de ellas, William Méndez, que también hizo la travesía”, denunció la activista.
De acuerdo con la sentencia dictada por el tribunal municipal de Arroyo Naranjo a la que CiberCuba tuvo acceso, las jóvenes, así como otros seis acusados en el EFP 751 de 2021, fueron acusadas de realizar actos violentos con el fin de crear “una situación de ingobernabilidad” en el país.
Entre ellos, interferir “de manera consiente en el tráfico vehicular”, realizar “ademanes” para que otros se sumaran a la manifestación y gritar “Diaz Canel Singao”, “Policías Singaos”, “Hijos de puta, corruptos”. En el caso de las hermanas, también se les acusa de lanzar piedras a la policía.
Por lo anterior, el tribunal consideró pertinente dictar sentencias de hasta 14 años de privación de libertad contra los acusados, a pesar de que no existen lesionados documentados como consecuencia de la supuestas acciones violentas.
“Junto a ellas fue juzgada Karla Rosa López González, de 23 años. Estuvo detenida junto a la periodista Camila Acosta y había sido liberada el 17 de julio bajo medida de obligación contraída en acta”, explicó García en Twitter.
Contrario a la situación de las balseras, López, quien recibió una condena de 6 años de privación de libertad, sí fue trasladada a prisión cuando se dictó sentencia.
En una comunicación de octubre, la plataforma Justicia 11J señaló que los procesos judiciales en contra de manifestantes del 11 de julio continúan su curso y ya ha podido constatar 635 condenas, de acuerdo al subregistro que lleva la organización.
Entre las más recientes, destaca la sentencia a 7 años de cárcel de Adel de la Torre Hernández, uno de los rescatistas que participó en la evacuación de sobrevivientes tras la explosión en el Hotel Saratoga, en La Habana, cuya fianza fue revocada tras el veredicto judicial.
Asimismo, Justicia 11J ha documentado 285 personas en espera de juicios, con peticiones de hasta 15 años de privación de libertad, de las cuales 135 están en prisión provisional, y otras 233 personas que aún no reciben conclusiones provisionales de Fiscalía para abrir la fase de juicio oral.
De los que han estado detenidos, ya sea por el 11J o el 15N, la plataforma sobre detenciones arbitrarias ha registrado más de 55 que han tenido que emigrar huyendo de la cárcel y la persecución policial, o han sido forzadas al exilio.
“Contrario a la imagen que muchas personas quieren vender, el régimen cubano continúa enjuiciando, encarcelando y reprimiendo a las personas que protestaron hace más de un año”, denunció García este lunes en Twitter al tiempo que solicitaba a la Embajada de Estados Unidos en Cuba “reabrir con urgencia el programa de refugiados”.
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