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El gobierno cubano amenazó con largas condenas basadas en el nuevo Código Penal a los participantes en recientes protestas callejeras, y afirmó que investiga otros "hechos vandálicos" y ofensas contra el mandatario Miguel Díaz-Canel en las redes sociales.
Una nota del oficialista diario Granma señala que la Fiscalía General de la República controla "procesos penales en los que se investigan hechos que perturbaron el orden público y la tranquilidad ciudadana tras el paso del huracán Ian".
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"El incendio de instalaciones, la ejecución de actos vandálicos, el cierre de vías públicas con la finalidad de impedir la circulación de vehículos y personas, las agresiones y ofensas a funcionarios y fuerzas del orden, y la incitación a la violencia, son algunos de los hechos bajo investigación", expresa la publicación.
La nota agrega que "se realizan acciones de prevención con los padres que utilizaron a hijos menores de edad, colocándolos en escenarios de riesgo, descuidando sus deberes de protección, asistencia, educación y cuidado hacia ellos".
Las amenazas también fueron difundidas por otros medios oficialistas en un programa televisivo donde se habló del nuevo Código Penal, que entrará en vigor el próximo diciembre.
Pero, de hecho, el proceso de rastreo y citaciones a participantes en manifestaciones públicas de las últimas semanas ya está en marcha. Según confirmó CiberCuba, personas que participaron en protestas callejeras y cacerolazos en La Habana en medio de apagones recientes han comenzado a recibir citaciones policiales para advertirles que pudieran ser encausados si reinciden en sus actividades, y se les aplicarían artículos del nuevo Código Penal.
En televisión nacional una fiscal cubana de nombre Lisbeth afirmó que el delito de "atentado" [atacar a un policía para huir, por ejemplo] será juzgado con penas de entre 3 y 8 años de privación de libertad; los delitos de desacato [ultrajar u ofender la imagen de un gobernante] y resistencia [oponer resistencia a la detención], por su parte, serán condenados con penas de 1 a 3 años de privación de libertad.
"El nuevo Código Penal considera como circunstancia agravante el empleo de menores, que eleva el marco sancionador de los delitos", dijo, y aclaró que en la nueva legislación los padres serán sancionados por "Otros actos contrarios al normal desarrollo del menor", que implica no "protegerlos ni inculcarle los valores que exige la sociedad".
Afirmó además que la legislación también eleva las sanciones por "desacato" a los que hacen uso de medios de comunicación como las redes sociales para "ofender al presidente de la república", en alusión a una de las consignas más populares en Cuba: "Díaz-Canel, singa´o".
En el nuevo código "se protege la figura del presidente, del vicepresidente, y se incorpora al presidente del Tribunal Supremo, al fiscal General, al Contralor General y al presidente de la Comisión Nacional Electoral, para darle una mayor protección ante toda la campaña difamatoria en las redes sociales", subrayó.
Sobre la censura de las publicaciones en redes y el uso de estas ante los tribunales, explicó que para el proceso "se hace un procedimiento en el cual se acreditan a través de la oficina de Control de las Comunicaciones todas las publicaciones que se realizan, a nombre de quien está el perfil de la persona, y esto se legaliza en un proceso penal, y así se presenta ante el tribunal, con independencia de los peritajes informáticos que se puedan realizar a los teléfonos u otros dispositivos que se ocupen".
Las autoridades cubanas ya habían lanzado varias amenazas contra la población que protestó desde el pasado 30 de septiembre en las calles de La Habana por los prolongados cortes de agua y electricidad que padecieron durante seis días, en muchos casos.
"Cerrar vías es un delito, como lo son también los hechos vandálicos, y las autoridades tienen que actuar en correspondencia con los que manifiesten una actitud de ese tipo", afirmó entonces en una reunión de trabajo el presidente del Consejo de Defensa Provincial y primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar.
El funcionario también intentó deslegitimar las protestas ciudadanas cuando en declaraciones a la televisión nacional apuntó: "protestar es un derecho, pero solo cuando los responsables, el estado y el gobierno están dejando de hacer lo que les compete".
En la noche del 1 de octubre y la madrugada del día 2 el régimen cubano lanzó una fuerte represión contra los manifestantes pacíficos y detuvo a al menos 26 de ellos. Después dijo a los familiares que unos 19 jóvenes serían juzgados por la vía expedita del "atestado directo".
La represión y un Código Penal que no fue sometido a ninguna consulta popular son las herramientas de las que dispone el gobierno para frenar la ola de descontento popular a lo largo del país.
Sin embargo, los cubanos continúan saliendo a las calles cada noche, ante la precariedad de la vida cotidiana, los cortes de luz de hasta 20 horas y la falta de alimentos y libertades.
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