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Después de más de una década ejerciendo la medicina en España, la nefróloga cubana Alba Cristina Herrera Bello decidió trabajar en Dubai, pero el trámite se detuvo por la negativa del Ministerio de Salud Pública de Cuba a verificar sus titulaciones académicas.
Esta debía ser la parte final y menos complicada del proceso de solicitud de plaza. Una respuesta de una sílaba de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara es lo único que necesita Dubai Health Authority (DHA) -la máxima autoridad de salud en Dubai- para que la doctora haga sus maletas con destino a Emiratos Árabes Unidos (EAU).
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En su lugar, la universidad ha ignorado durante seis meses los múltiples pedidos de la agencia verificadora DataFlow, que actúa en representación de DHA, para que respondan dos simples preguntas vía correo electrónico: "¿El documento es auténtico o no?", "¿La persona estudió con ustedes o no?", se lee en la correspondencia a la que CiberCuba tuvo acceso.
"Mi derecho como ciudadana cubana y profesional formada allí es flagrantemente violado. Se niegan a realizar verificación de las titulaciones (grado de Doctora en Medicina y Especialista en Nefrología) y sin dicha verificación desde DHA no se emite la carta de elegibilidad para obtención de la licencia médica como especialista en EAU (Dubai)", dijo la doctora en un correo enviado a CiberCuba.
La arbitrariedad es apenas una entre tantas. Primero, porque dilataron otro permiso anterior con la intención de que perdiera una beca internacional y, después, porque la desterraron, como hacen con tantos que se atreven a liberarse del yugo del MINSAP.
Desterrada y repatriada
Todo comenzó doce años después de graduarse, cuando en 2009 se autogestionó la VII Beca Iberoamericana Fernando Valderrábano que auspicia la Sociedad Española de Nefrología.
No importó que hubiera trabajado dos años en el Plan Turquino en el municipio de Yaguajay, un área de difícil acceso, como parte de su servicio social, ni que se hubiera desempeñado los seis restantes como médico, periodo en el que realizó las especialidades de Medicina General Integral y Nefrología en la ciudad de Santa Clara.
"Después de 10 meses de agotadores e interminables trámites a todos los niveles, obtuve el permiso del MINSAP, pudiendo viajar a España en 2010", dijo, y agregó que solo fue autorizada a estar fuera de Cuba por seis meses, aunque pasado ese tiempo decidió establecerse en el país europeo.
"Tras mi negativa de regreso, mi nombre fue añadido a la larga lista de profesionales y deportistas que un día decidimos tomar un camino diferente", agregó la doctora y aclaró que, en aquel tiempo, no podía aspirar a viajar sin antes ser retenida por el MINSAP "entre 5 y 10 años o indefinidamente como amparaba la absurda ley".
En represalia, las autoridades la condenaron a ocho años de prohibición de entrada a Cuba, como ha hecho con miles de profesionales cubanos que deciden ejercer su derecho al libre movimiento o superarse profesionalmente. Poco después, la tragedia tocó a su familia.
"Mi padre enfermó, falleció y yo no pude estar a su lado. Se me negó el permiso en ese momento, pues seis meses antes había viajado con una 'visa humanitaria'", dijo.
A pesar de gestiones realizadas por su familia y abogados, sus súplicas no fueron escuchadas y no pudo despedirse de su padre. Tras la devastadora experiencia, cuando su madre cayó en cama, solicitó la repatriación y en 2015 ya contaba con residencia en Cuba, lo cual le permitió regresar y estar a su lado hasta que murió.
"Haber solicitado la repatriación fue aceptar un atropello más", sostiene.
Irrespeto al esfuerzo ajeno
En conversación con este sitio de noticias, la doctora Herrera explicó que le tomó todo un año prepararse para presentarse al examen de competencia que exige Dubai, llamado Prometric Exam of Nephrology, que, además, exige un conocimiento muy técnico del idioma inglés.
Una prueba con 70 preguntas, la mayoría de casos clínicos, pero también de fisiología, que debía responder en dos horas. Esto es 2 minutos y 11 segundos para leer, analizar y responder cada pregunta.
En ese año, la nefróloga hizo ajustes en sus horarios y centro laborales para tener más tiempo para estudiar. Las jornadas de estudio podían extenderse por 16 horas ininterrumpidas, y todo el sacrificio fue recompensado al pasar con éxito el examen que vendría siendo similar a una reválida.
El examen tuvo lugar el 28 de febrero, y en mayo, al ver que su proceso había chocado con el muro de contención impuesto por las autoridades cubanas, Herrera regresó a Cuba en busca de respuestas.
Lo primero que hizo al llegar al país fue personarse en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara y allí pudo constatar que en el servidor del centro educacional se acumulaban los correos de DataFlow con las mismas preguntas sin respuesta: "¿El documento es auténtico o no?", "¿La persona estudió con ustedes o no?".
Sin explicación lógica
"Tenemos la indicación del MINSAP de no responder correos provenientes del exterior", le informaron trabajadoras administrativas de la secretaría general y agregaron que tampoco realizan verificaciones.
Nadie supo darle una razón lógica que explicara por qué un procedimiento que solo se realiza a nivel de persona jurídica, es decir, de institución a institución, y en el cual la persona natural -que es en este caso la doctora- no debe participar, es prohibido por el MINSAP.
¿Se trata de una muestra más de la arrogancia de las autoridades cubanas o discriminación a los galenos que trabajan independientes del Estado? ¿Acaso es ignorancia de la academia en Cuba sobre cómo funcionan los procesos de verificación en las universidades del mundo?
En busca de explicaciones, tres días después de visitar su alma mater, la doctora Alba Cristina viajó a La Habana, al Departamento de Secretaría y Registro del MINSAP.
En un mensaje directo de Twitter enviado a mediados de septiembre al Ministro de Salud José Ángel Portal Miranda, que CiberCuba pudo leer por cortesía de la doctora, esta describe cómo fue el trato en la capital.
"La atención fue telefónica, se negaron a recibirme, argumentando que era suficiente la legalización de las titulaciones, por lo que tuve que explicar (una vez más) que no es así, que se trata de una praxis exigida por DHA y que ellos la realizan de forma oficial de institución a institución", insistió.
En el mensaje, Herrera pregunta al titular de Salud Pública por qué no pueden ser verificadas sus titulaciones obtenidas en el país donde nació y se formó como médico y como nefróloga, especialmente cuando España, en menos de 48 horas, procedió a verificar las titulaciones obtenidas allí.
También escribió al departamento de atención a la población del MINSAP y al Rector de la universidad de Villa Clara sin que hasta día de hoy haya recibido siquiera acuse de recibo de parte de los funcionarios.
Para la especialista, las autoridades cubanas deberían sentirse orgullosas de que sus profesionales triunfen en otros países en vez de condenarlos por haber estudiado en Cuba, y se pregunta si la negativa del MINSAP está amparada por la legislación vigente.
Verificación vs legalización de títulos universitarios
La verificación de la titulación del egresado en Cuba ha sido un trámite bastante frecuente. Para empezar, el hecho de otorgar ubicación laboral a los recién graduados supone el contacto de la universidad con instituciones, empresas y organismos.
En la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, por ejemplo, existe un Departamento de Títulos y Certificaciones que se encarga de gestionar con entes nacionales la verificación de los títulos de sus trabajadores.
En cuanto a las verificaciones con entes extranjeros, este sitio de noticias conoció del caso de una profesional graduada en Cuba que actualmente trabaja independiente del Estado cubano en un tercer país, cuyo empleador sí pudo obtener la verificación directa de su alma mater, lo que demuestra que el procedimiento es posible, al menos para algunos.
Otra cuestión a tener en cuenta es que cada año se gradúan en Cuba cientos de médicos extranjeros, cabe preguntarse: ¿cuánto podría afectarles la negativa de su alma mater a verificar sus titulaciones con instituciones o compañías de sus países de origen donde iniciarán su vida laboral?
Más aún, la negativa a verificar las titulaciones de una especialista pudiera entenderse como un indicativo de la falta de verificación de las cualificaciones de los 30,000 sanitarios que actualmente trabajan en 64 países como parte de las brigadas médicas en misión oficial.
El otro trámite para validar la autenticidad de un diploma es la legalización -costosa, por demás- a través de la gestión de Consultoría Jurídica y, en algunos casos, por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), que actúan como intermediarios entre la universidad y el egresado.
Pero del mismo modo en que empresas, instituciones y compañías cubanas verifican las titulaciones con la universidad, hay organismos extranjeros (como es el caso de DHA) que exigen que la titulación sea verificada directamente con el centro emisor del título, sin que medien abogados o cuños de ministerios.
Por tanto, y a pesar de que los títulos de la doctora Alba Cristina puedan estar legalizados por el MINREX, la plaza de nefróloga en Dubai no le será otorgada hasta que no cumpla todos los requisitos que exige DHA, incluida la verificación directa con la Universidad de Ciencia Médicas de Villa Clara, su alma mater.
CiberCuba no ha podido encontrar una legislación que regule la verificación directa, sin embargo, es harto conocido el andamiaje jurídico para limitar los derechos de los profesionales de la salud, bajo la presunción por parte de las autoridades cubanas de que los médicos son propiedad del Estado.
Regulados, impedidos de entrar a Cuba, despojados de sus títulos y amenazados con cárcel por no trabajarle al gobierno, los médicos cubanos saben mejor que cualquier otro profesional de limitaciones absurdas e ilegítimas a sus derechos.
Sobran testimonios que así lo demuestran, pero la prueba indiscutible está en la legislación cubana, en la Ley 1312 "Ley de Migración" que regula la entrada y la salida del país, así como el artículo 135 del Código Penal vigente (o el 176 del que entrará en vigor) que imputa penas de hasta ocho años de cárcel por "abandono de funciones laborales".
"Nadie me ha respondido (esperable). No soy una profesional de interés para el estado cubano, pues ellos no recibirán beneficios por mi trabajo y esfuerzo como ocurre con los miles de colaboradores cubanos que están por todo el mundo", dijo Alba Cristina a CiberCuba.
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