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Cinco acusados por su participación en una trama de fraude en una clínica de fisioterapia en la ciudad de Doral, en el condado de Miami Dade, fueron condenados a penas de hasta 11 años de prisión y multas que, en algunos casos, superan los $4 millones de dólares.
De acuerdo con un comunicado emitido este miércoles por la Fiscalía Federal de Miami, los acusados reclutaron y pagaron a los beneficiarios de los planes de seguro médico de Blue Cross Blue Shield (BCBS), y luego facturaron a BCBS por servicios que la clínica Polyclinic Healthcare nunca prestó o que no eran médicamente necesarios.
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Además, los dos propietarios de la clínica también utilizaron la empresa para obtener fraudulentamente fondos de ayuda de COVID-19.
Carlos Rafael Sáez Dorta, de 42 años, y Verónica Ramos Hernández, de 35 y natural de Venezuela según su perfil de Facebook, fueron cada uno condenados a 135 meses de prisión, más tres años de libertad bajo supervisión, y una multa per cápita de $4,434,069 en restitución.
Por su parte, el reclutador de pacientes Michael Burrowes, de 43 años, fue condenado, luego de declararse culpable, a 46 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y a pagar una multa de poco más de 73 mil dólares.
La gerente de la clínica, Dianelis García Álvarez, de 41 años, fue condenada, también tras declararse culpable, a tres años de libertad supervisada y a pagar 357.256 dólares de restitución.
Por último, Deandre Mitchell Gabriel, de 33 años, quien también fungía como reclutador de pacientes, fue condenado, tras declararse culpable, a 24 meses de prisión, tres años de libertad supervisada, y a pagar cerca de 31 mil dólares de restitución.
Según las evidencias presentadas en el juicio, lo acusado facturaon más de 8 millones de dólares en reclamaciones falsas al seguro médico. La mayoría de ellas relacionadas con tratamientos de fisioterapia innecesarios o nunca proporcionados, como la estimulación eléctrica, la terapia de ultrasonido y el ejercicio terapéutico, así como por equipos médicos duraderos.
Además, los propietarios de la clínica robaron más de 1 millón de dólares solicitados a través de de programas federales de ayuda a pequeñas y medianas empresas durante la pandemia de COVID-19.
A finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el inicio de un programa nacional contra el fraude relacionado con la atención médica por el COVID-19.
De acuerdo con una nota de esa instancia gubernamental, hasta esa fecha el Departamento presentó cargos penales contra 21 acusados en nueve distritos federales.
Se trata de propietarios y ejecutivos de empresas médicas, así como médicos, comerciantes y fabricantes de tarjetas de registro de vacunación contra el COVID-19 falsas.
La instancia gubernamental aseguró que los mismos ocasionaron pérdidas que superan los $149 millones de dólares en facturas falsas a programas federales y robo de programas de asistencia pandémica financiados con fondos federales.
A principios de junio, un juez federal sentenció hasta diez años de cárcel para un grupo de residentes en Miami involucradas en un esquema de fraude al Medicare que ascendió a 17 millones de dólares, de acuerdo con una nota del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los condenados fueron acusados por presentar reclamos falsos por servicios que nunca proporcionaron a los beneficiarios o que no eran médicamente necesarios.
Las clínicas involucradas en el delito fueron Life Blue Medical Center, Corp., Blue Life Medical Center, LLC y Miami Medical Therapy.
El pasado domingo se conoció que Raidel Figueroa, ex director general y copropietario de Pharmatech, LLC, compañía dedicada a la fabricación de medicamentos y suplementos dietéticos, ubicada en Florida, se declaró culpable de conspirar para defraudar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y de distribuir medicamentos adulterados.
De acuerdo con el sitio oficial del Departamento de Justicia, Figueroa también asumió, ante el tribunal federal de Fort Lauderdale, la responsabilidad por falsificar registros en una investigación de la FDA y obstruir procedimientos de esa institución.
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