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El gobierno de Cuba está preparando nuevas medidas para rectificar el ordenamiento monetario, tras reconocer que su aplicación fue un fracaso.
El primer ministro Manuel Marrero presentó un informe de rendición de cuentas que debe ser discutido la próxima semana por los diputados a la Asamblea Nacional, en el cual admite que el objetivo del ordenamiento "no se ha logrado en su totalidad, por lo que resulta necesario rectificar y adoptar nuevas decisiones sobre varios elementos de su diseño inicial".
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El documento, publicado por el portal oficialista Cubadebate, explica que el citado plan económico tuvo problemas tanto en su diseño como en su implantación, que generaron "en algunos ámbitos, resultados no deseados y múltiples insatisfacciones entre la población".
Luego de que en octubre el gobernante Díaz-Canel anunciara la desactivación de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, liderada por el economista Marino Murillo Jorge, responsable de la llamada Tarea Ordenamiento, el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) pasó a encargarse de hacer cumplir sus objetivos.
Para ello, ha diseñado un cronograma de 33 actividades que deben cumplirse entre noviembre y febrero de 2022, por lo que es posible que algunas de ellas ya se estén ejecutando sin que se haya informado a la ciudadanía.
En su informe, Marrero detalló que los problemas principales del ordenamiento monetario estuvieron relacionados con los precios excesivos, la falta de correspondencia entre estos y la calidad de los productos o servicios, las viejas insuficiencias en el sistema empresarial estatal y otras formas productivas y la tendencia a elevar los precios para paliar las mismas, así como las insatisfacciones con los nuevos salarios o ingresos.
"El efecto positivo esperado del incremento de los ingresos, a partir de la aplicación de la reforma general de salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social, ha sido minorado por el sostenido crecimiento de los precios, lo que afecta la capacidad de compra, con mayor impacto en las personas de menor poder adquisitivo", subraya el texto.
El documento recordó que se mantiene el objetivo del plan económico de colocar al CUP como centro del sistema financiero tras eliminar la doble moneda, transformar los ingresos de la población y eliminar gradualmente subsidios y gratuidades, para lo que se deben adoptar medidas encaminadas a "detener la espiral inflacionaria" y lograr la estabilización macroeconómica.
"La combinación de una disminución de los ingresos en divisas de la economía, con la consecuente restricción de la oferta de bienes y servicios en moneda nacional, impacta en la inflación", admitió el primer ministro.
A finales de noviembre Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía, afirmó que ninguna medida tomada por el gobierno para hacer frente a la crisis nacional es resultado de la improvisación, sino que todo responde al modelo implantado en el país.
"Nada es improvisado, nada responde a una urgencia o a determinada presión", aseguró.
Según Gil, Cuba se recupera gradualmente del declive económico, tras el control de la epidemia, la apertura del turismo y "todo el diseño elaborado para el perfeccionamiento de la empresa estatal y el resto de los actores económicos".
Sin embargo, esa "reactivación" de la economía no se siente en las casas cubanas, donde sus habitantes viven agobiados por la escasez de productos básicos, los altos precios, las interminables colas y el auge del mercado informal.
La desactivación de de la Comisión de los Lineamientos, que durante una década se encargó de la supuesta actualización del modelo económico cubano, visibilizó el mal trabajo de Marino Murillo, que ya había quedado fuera del Buró Político del Partido y de su Comité Central, a los que pertenecía desde 2011.
El llamado ‘zar’ de las reformas económicas admitió ante los delegados al Parlamento los nefastos efectos que trajo su plan para el pueblo, como la inflación minorista, el aumento de los precios de la canasta básica y la disminución de la capacidad de compra.
Según Murillo, hay una inflación de 6,900 por ciento en el mercado informal, que ha llevado al aumento de los costos de los bienes y servicios básicos muy por encima del incremento de los salarios, con la consecuente afectación al poder adquisitivo de la población.
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