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La organización no gubernamental (ONG), Amnistía Internacional (AI), hizo un llamado a la comunidad internacional a vigilar la situación en Cuba, luego del rechazo expresado por las autoridades del régimen a la solicitud de realizar la Marcha Cívica por el Cambio del 15N.
Para la ONG, el rechazo de la petición de autorización -hecha por la sociedad civil para protestar pacíficamente y con garantías para su seguridad-, es otro ejemplo más de intolerancia a la libertad de expresión en Cuba.
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Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, consideró este viernes que las detenciones arbitrarias de activistas, así como el hostigamiento, acoso y vigilancia que practica la Seguridad del Estado sobre quienes se han sumado a la convocatoria, forma parte de la política de represión sistemática con la que el régimen cubano responde a las demandas de la sociedad civil.
“Esta respuesta de las autoridades es consistente con la política de represión aplicada durante décadas en Cuba, que criminaliza la protesta pacífica y encarcela y maltrata a personas cubanas de toda condición sólo por expresar sus opiniones. Estaremos vigilando la actuación de las autoridades, para denunciar cualquier acto de represión contra quienes se manifiestan”, indicó Guevara Rosas en un comunicado de la organización.
Organizada por el grupo Archipiélago, la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre contra la violencia, la liberación de todos los presos políticos y la solución pacífica y dialogada de las discrepancias políticas, obtuvo la respuesta negativa por parte de las autoridades y desató una nueva oleada de represión contra los convocantes de la misma.
“Grupos de personas de varias provincias del país han estado entregando, en las últimas semanas, solicitudes a los diferentes gobiernos locales para pedir autorización de llevar a cabo marchas pacíficas, organizadas de forma clara y definida en un ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión”, informó la directora para las Américas de la ONG.
Sin embargo, “en lugar de garantizar estos derechos, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel ha declarado que estas marchas cívicas son ‘ilícitas’ y ‘anticonstitucionales’, violando nuevamente el derecho a la protesta pacífica en Cuba”, afirmó Guevara Rosas.
Este jueves, la plataforma Archipiélago ratificó su determinación de llevar adelante la manifestación pacífica prevista para el 15N, luego de conocer las amenazas de la Fiscalía a quienes decidan salir a las calles en esa fecha.
Organizadores de la Marcha Cívica por el Cambio, entre ellos su principal promotor, Yunior García Aguilera, recibieron una citación oficial para advertirles que podrían ser sometidos a procesos penales de insistir en sus planes de manifestarse.
El actor y dramaturgo Yunior García Aguilera, de La Habana, el médico Manuel Guerra Guerrero, de Holguín, el artista Omar Mena González, de Villa Clara, el poeta Javier Luis Mora Blanc, de Holguín, y el ingeniero químico y profesor universitario David Martínez Espinosa, de Cienfuegos, recibieron una "Diligencia de notificación de citación oficial" de los fiscales de sus provincias.
“Hoy el poder autoritario ha demostrado explícitamente y en toda su magnitud su rostro dictatorial, empleando a la Fiscalía para amenazar e intimidar a los ciudadanos, cuando su rol legal se basa en cuidar el ejercicio de la legalidad y el derecho constitucional”, dijeron los organizadores en un comunicado.
“Los miembros de Archipiélago hemos decidido marchar, solo nos quedan nuestros cuerpos, el poder quiere cortar nuestras ganas de hacer camino a la democracia”, indicaron, reafirmando que la Marcha Cívica por el Cambio es propiedad intransferible del Pueblo Cubano, y que “el autoritarismo podrá apresar a los moderadores de la Plataforma, pero no los deseos de cambio y libertad de todo un pueblo”.
Ante la respuesta de los convocantes a las advertencias, el régimen cubano radicalizó el tono de sus amenazas. En la mañana de este viernes, el domicilio de García Aguilera sufría un acto vandálico, en el que individuos no identificados pusieron palomas decapitadas en su puerta y llenaron el suelo de plumas, sangre y tierra.
El repulsivo acto constituye una clara amenaza a su integridad física y de inmediato fue condenado por los miembros de Archipiélago y de la sociedad civil cubana. Otros activistas, como el médico Guerra Guerrero y el profesor universitario Martínez Espinosa han sido expulsados de sus centros de trabajo.
“La comunidad internacional no debe olvidar los cientos de personas que fueron detenidas durante las históricas protestas del 11 de julio pasado, simplemente por ejercer pacíficamente su derecho, así como las seis personas presas de conciencia que Amnistía Internacional nombró poco después de los hechos, como un gesto simbólico hacia los muchos cientos más que seguramente merecen esta designación, que deben ser liberados inmediata e incondicionalmente”, recordó la directora para las Américas de AI.
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