Soberanías confusas: Miradas cubanas

En dos textos recientes, el ensayista Julio César Guanche abordó la soberanía y el conflicto, en tanto factores para comprender la realidad política de la Cuba actual. Las columnas se asomaron al status quo de la soberanía nacional, representada por el Estado. También de la soberanía popular, encarnada en la ciudadanía. Ambas impactadas por conflictos que atraviesan las fronteras sociales y nacionales de la isla.

Sin abordar la soberanía y el conflicto no es posible comprender la convivencia moderna. La Modernidad inaugura un tipo de relación, entre personas y comunidades, vinculadas entre sí a partir de derechos. Estos buscan proteger a individuos y colectivos de la violencia. Les habilitan para participar en asuntos de interés común. Otorgan legalidad y legitimación a los gobernantes. Y amparan aquellas instituciones encargadas de proveer justicia, equidad y libertad.

El mejor -pero no el único- modo de materializar las soberanías y controlar los conflictos es mediante la democracia. Una democracia donde ganadores y perdedores son siempre circunstanciales y reversibles. Caracterizada no por la anulación del conflicto, sino por su canalización a través de mecanismos incruentos. Hoy ganas tú, mañana prevalezco yo. Entretanto, podemos conversar nuestras diferencias.

En su texto sobre el conflicto, Guanche recupera el pensamiento de Carl Schmitt. Este aporta una definición de la política como lucha existencial, centrada en la definición del enemigo. Crítico de esa perspectiva, el jurista cubano denuncia que la visión antipluralista “no reconoce espacio a desigualdades de clase ni a otras formas de diferenciación social y apoya la doctrina de “todo dentro del estado, nada fuera del estado”. Poco después señala que “Es necesario exigir a la democracia defenderse ante sus enemigos, y también que los enfrente democráticamente”.

Es difícil no coincidir con estas perspectivas: Hace pocos días en Alemania -un Estado Social de Derecho impecable y una sociedad democrática de altísimos desempeños- la autoridad actuó frente a grupos extremistas que amenazaban la cuarentena en condiciones de pandemia. Eso no implicó eliminar el derecho de los alemanes a informarse, opinar, elegir y representarse con independencia del gobierno. Cosa que el Tribunal constitucional ha hecho valer en varios momentos dentro de la cuarentena. En Alemania se corrigen abusos de algunos que atentan contra los derechos de todos. No se prescribe la posibilidad de ejercer ciudadanía.

Más adelante, el ensayista señala “Cuba, como nación, tiene enemigos”. Y es ahí donde comienzo a discrepar de parte de su argumento. Porque en la isla un grupo ha ocupado, por seis décadas, el Estado. Desde ahí ha monopolizado el poder, proscribiendo la política. La soberanía estatal, bajo un partido e ideología dominantes, ha secuestrado la soberanía popular. De ahí que indiferenciar el Estado de su ciudadanía, en un contexto como el cubano, es problemático. En cualquier caso, sería más exacto poner a ese Estado-Partido en la lista de enemigos de la nación.

El señalamiento a la “política imperial estadounidense”, que el autor denuncia en su otro texto -enfocado sobre la soberanía nacional cubana- merece un buen debate. ¿Se refiere exclusivamente a la política exterior del gobierno de Estados Unidos? ¿Incluirá en ella a los diversos entes privados -organizaciones civiles, universidades, artistas, líderes religiosos- que desarrollan una activa agenda internacional, en contra de las leyes y políticas aprobadas por sucesivas administraciones estadounidenses?

El “Imperio americano” cobija normas e instituciones republicanas que permiten a sus ciudadanos contrariar la política de sus gobernantes. Incluso en un área tan sensible como la política exterior. La República de Cuba, paradójicamente, no habilita a sus habitantes siquiera para corregir agendas puntuales -sanitarias, municipales, urbanísticas, agrarias- de su política doméstica. En Estados Unidos, incluso bajo el asedio del populismo trumpista, rige el Rule of Law. En Cuba impera, muy limitadamente, el Rule by Law. Pero, bajo la coyuntura de pandemia -y mucho antes- el Rule Without Law se impone, en las calles de la Habana.

Los ciudadanos norteamericanos pueden rechazar -y hasta burlar- por diversas vías el bloqueo/embargo. Se trata de una política del gobierno estadounidense, dirigida a un gobierno extranjero, que impacta la población de otro país. Paradójicamente, los habitantes de ese país no gozan de una posibilidad similar cuando las decisiones de su gobierno afectan su vida cotidiana.

La nación cubana es, además, una realidad trasnacional. Casi un sexto de su población reside en Estados Unidos. Se trata del segmento más próspero, decisivo para el sostenimiento de la economía y sociedad isleñas. Parte de esta comunidad emigrada hace vida política en su país de arribo. Mientras, sigue despojada de derechos en el suelo que le vio nacer, al cual contribuyen y visitan. Sus reclamos irresueltos -desoídos por el gobierno cubano- remiten a la agenda esbozada por Guanche cuando menciona “La defensa del pluralismo, la condena de la desigualdad y la discriminación, la promoción de la ciudadanía como ideal igualitario, el compromiso con la dignidad humana y el derecho justo es un compromiso con la democracia, que incluye el respeto por el “conflictivo”, una definición justa del enemigo y una manera justa de enfrentarlo.”

Cuba cobijó siempre una tradición nacionalista, autónoma y subalterna. Durante la república previa a 1959, son conocidas las muestras de rechazo popular a la presencia de tropas norteamericanas. La gente se movilizó contra marines borrachos, a pesar del servilismo de sus gobernantes. Algunos políticos les apoyaron. La prensa cubrió esos eventos. Luego del triunfo revolucionario, ha habido eventos de claro rechazo a actos hostiles procedentes de suelo norteamericano. Hubo luto ante la voladura del avión de Barbados, también alegría por la devolución del Elián a su padre.

Hoy, buena parte de los cubanos ve a Estados Unidos como destino deseable. Solución a sus penurias y sueños postergados. No tenemos sondeos, manifestaciones y votaciones donde la población de la isla muestre, abiertamente, su preferencia por políticas soberanistas que alimenten el conflicto intergubernamental entre la Habana y Washington. Las expresiones públicas de los cubanos ante su poderoso vecino son manifestaciones cuidadosamente filtradas por la propaganda estatal. Lo demás, votar con los pies, como diría Albert Hirschman.

Los cubanos no detentan, a cabalidad, alguna soberanía nacional o popular. Como señala la jurista Laritza Diversent “no puede hablarse de libre determinación en un país donde la prohibición de realizar campañas electorales impide a los ciudadanos con aspiraciones políticas desarrollar actividades para competir por los cargos electivos, buscar recursos y votos (…) No puede hablarse de los efectos de las medidas unilaterales en los derechos económicos y sociales de la población cubana cuando el Estado, principal empleador, impone el trabajo remunerado como fuente legal y principal del ingreso, limita las libres elecciones y el auge de las formas de auto empleo a través del ejercicio del trabajo por cuenta propia.”

Siempre es bueno privilegiar, en la academia y en la política, la sustancia sobre las formas. Evaluar los mecanismos del régimen político antes que su envoltura legal y discursiva. Haciéndolo, veríamos al tipo de orden vigente en la isla cómo el principal problema que lastra hoy las soberanías cubanas. Una fisiología despótica, maquillada en anatomía democrática.

Ese orden empobreció al país, haciéndolo dependiente de préstamos impagables y remesas gusanas. Devaluó en los jóvenes el orgullo por sus raíces, dejándoles como objetivo principal largarse allende el Malecón. Atenta contra la soberanía nacional y popular de otros pueblos, como el venezolano.

Por todo eso, mientras en Cuba no imperen las normas, valores e instituciones de una sociedad democrática, cualquier tópico de política interna y exterior no puede evaluarse desde la óptica de una soberanía republicana.