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La organización Global Liberty Alliance (GLA) pidió al gobierno de Estados Unidos aplicar sanciones contra el régimen de Cuba por la retención de la ayuda humanitaria que grupos de exiliados han enviado a la isla en medio de la crisis del coronavirus.
En una carta dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo, GLA dijo que el Partido Comunista de Cuba (PCC) ha incautado las donaciones humanitarias y pidió a Washington denunciar este hecho ante el mundo, sancionar y bloquear los bienes de quienes participan en la retención de la ayuda, así como prohibirles su entrada al país.
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"Aunque los Estados no pueden obligar a la dictadura a cambiar sus formas, puede demostrar su solidaridad con el pueblo cubano garantizando que quienes participan en esta persecución y bloqueo de la ayuda humanitaria sean denunciados ante el mundo, sancionados y bloqueados sus bienes, y prohibida su entrada en Estados Unidos", señala la solicitud.
Con sede en Washington, GLA es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el estado de derecho en Estados Unidos y defender los derechos fundamentales del individuo, y ha denunciado numerosas violaciones legales en relación con la situación cubana.
"Por cualquier via legalmente disponible, más tarde o más temprano, tendrán que rendir cuenta", dijo a CiberCuba el abogado Jason Poblete, representante de GLA. "El acceso a Estados Unidos no es un derecho, sino un privilegio, y esta es una de las vías que tenemos para mover fichas con relación a los violadores de la ley".
La carta insta a Washington y sus aliados a adoptar una estrategia solidaria con el pueblo cubano, y manifiesta que GLA, en coordinación con los grupos de la sociedad civil, ayudará a llevar este mensaje a los responsables de la formulación de políticas y las partes interesadas en la región.
Asimismo, asegura que "funcionarios del Partido y del régimen cubano, incluida la Oficina de Asuntos Religiosos, se han involucrado en la práctica de larga data de bloquear la distribución de donaciones humanitarias realizadas por organizaciones cristianas, iglesias y grupos de la sociedad civil para uso de organizaciones religiosas e iglesias en la nación" antillana, señala la nota.
Recuerda que varias iglesias estadounidenses y exiliados cubanos reunidos en la iniciativa Solidaridad entre hermanos, convocada por la plataforma "Cuba en Crisis", enviaron contenedores de artículos humanitarios que al llegar a la nación caribeña han sido bloqueados por el Partido Comunista.
"Los cubanos se enfrentan a varias crisis, incluida la pandemia, una importante escasez de alimentos, décadas de gobierno del Partido Comunista y corrupción que ha alcanzado los niveles más altos del Gobierno, agencias del régimen y partes del ejército", subraya la carta enviada a Pompeo.
El pasado 21 de agosto la organización internacional denunció la falta de libertad religiosa en Cuba, y proporcionó los nombres de funcionarios del régimen cubano involucrados en violaciones de los derechos fundamentales de los cristianos y otros creyentes en la nación caribeña.
En esa ocasión también solicitó al gobierno de Donald Trump sancionar a las agencias gubernamentales y funcionarios responsables de graves violaciones de los derechos de libertad religiosa, incluida Caridad Diego, directora de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC.
Esta vez, la carta también estuvo acompañada de un listado de 8 personas que GLA considera que son responsables de la retención de la ayuda. Entre ellos:
1. Nelson E. Cordovés Reyes, director de Aduanas de Cuba
2. Enrique Díaz Rodríguez, primer subdirector de Aduanas
3. Yamilka Felipe Bringas, subdirectora de Aduanas
4. William Pérez González, subdirector de Aduanas
5. José Luis Muñoz Toca, subdirector de Aduanas
6. Gladys Martínez Verdecia, primer secretario del Partido de Artemisa
7. Antonio Santana Hernández, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba
8. Rev. Joel Ortega Dopico, secretario ejecutivo del Consejo de Iglesias de Cuba
Durante el año pasado, GLA también recopiló nombres funcionarios que trabajan para esa Oficina y estaban participando en abusos persistentes de los derechos humanos contra personas de fe y creyentes.
A inicios de mayo, una asociación de exiliados cubanos y el gobierno de la Ciudad de Miami lanzaron la iniciativa "Solidaridad entre Hermanos", para enviar ayuda humanitaria hacia Cuba por la crisis del coronavirus, sin la intervención del régimen de la isla.
El proyecto se consolidó y decenas de familias enviaron artículos de primera necesidad y alimentos a los habitantes del país caribeña, pero la carga fue retenida por las autoridades al llegar a la aduana cubana.
La principal voz que se alzó contra la ayuda fue el progubernamental Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) que calificó de "ofensa al pueblo y las iglesias" la ayuda humanitaria recaudada en Miami.
"Consideramos que la campaña de la llamada activista Rosa María Payá del llamado proyecto Cuba Decide es una ofensa al pueblo y a las iglesias cubanos", aseguró el reverendo Antonio Santana Hernández, presidente del CIC, que no incluye a las iglesias católicas.
Líderes luteranos también respaldaron esa declaración y se mostraron en contra de la ayuda humanitaria que se hizo desde Estados Unidos, alegando que es "éticamente inaceptable" pretender ofrecer ayudas a "los pobrecitos".
La activista del movimiento Cuba Decide, Rosa María Payá, aclaró tras estas declaraciones que la ayuda humanitaria recaudada en Miami estaba retenida en la Aduana de La Habana, e instó al gobierno a no “secuestrar” esos recursos en los momentos de crisis que atraviesa el pueblo cubano.
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