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Las cárceles de Estados Unidos están sufriendo una avalancha de contagios de coronavirus que afecta tanto a prisioneros como a funcionarios, en lugares es más difícil garantizar medidas de aislamiento y tanto las condiciones higiénicas como la atención de salud son más frágiles.
Mientras el país comienza a dar pasos para reiniciar la actividad económica, en sus prisiones las cifras de casos de CVID-19 sigue subiendo, una realidad que ha provocado varios disturbios en penales de los estados de Washington y Kansas, donde los reos exigieron una verdadera protección inadecuada por parte de las autoridades penitenciarias.
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Según un reportaje de AFP, hasta la fecha se han infectado de coronavirus 13.436 reclusos y 5.312 trabajadores de prisiones en toda la nación, de acuerdo a los datos registrados Covid Prison Data, un grupo de expertos en justicia penal.
Las cifras, sin embargo, deben ser más altas, porque cinco de los 50 estados no ofrecen ese tipo de información y en el sistema penitenciario federal se han realizado muy pocos tests de diagnóstico.
Los encargados de las prisiones afirman que los presos conviven en celdas repletas y que además las instituciones carcelarias no poseen suficientes equipos de protección, ni para ellos ni para los guardias.
Actualmente, una prisión ubicada en el condado de Marion, en el estado de Ohio, es la que presenta una peor situación, con más de 2.000 reos –de un total de 2.500– y 175 empleados contagiados.
En un país con la mayor población carcelaria del mundo, otro aspecto que agrava la situación es que hay mucha variedad en la administración de las prisiones. Estas pueden ser gestionas por autoridades federales, estatales o locales, mientras otras muchas corren a cargo de empresas privadas. Por ello, no ha habido uniformidad ni control a la hora de hacer pruebas ni de proporcionar información.
La Oficina Federal de Prisiones, por ejemplo, que alberga 152.000 sancionados y 36.000 trabajadores, solo ha hecho 3.000 pruebas. Estas arrojaron que se habían infectado de coronavirus 1.842 presos y 343 empleados. De esa cantidad, 36 reclusos han muerto.
Mientras, grupos de defensa de los derechos de los presos denuncian que se deberían liberar a aquellos que no son violentos o que están muy cerca de terminar su condena. Esa acción disminuiría los peligros de transmisión y dejaría más espacio libre en las cárceles.
Dicha medida ya se adoptó en estados como Florida, donde en marzo pasado más de 160 reclusos acusados de delitos no violentos fueron liberados para reducir la aglomeración en los penales del condado de Hillsborough y tratar de frenar la pandemia de coronavirus.
El sheriff de Hillsborough, Chad Chronister, dijo entonces que los oficiales de detención y el personal de las prisiones podrían centrarse en asuntos prioritarios, según declaraciones de la agencia AP.
La liberación fue autorizada por un juez y es igual que otras acciones que suele tomar el gobierno en situaciones de emergencia, como ante la llegada de huracanes.
Según recalcó Chronister, los beneficiados “simplemente estaban sentados en la cárcel porque no podían pagar el monto de la fianza”.
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