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Al menos 46 reclusos murieron en un motín en la prisión venezolana de Guanare, hecho que ha enfrentado al chavismo y a la oposición.
La versión del régimen de Nicolás Maduro indica que los detenidos rompieron la valla perimetral de la prisión para huir, ante lo cual se desencadenó un tiroteo por parte de las autoridades carcelarias que culminó con la muerte de 46 presos.
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Por su parte, la oposición asegura que los reclusos no intentaban fugarse, sino que exigían alimentos y calificó los hechos de “una nueva masacre” del chavismo.
Tras el tiroteo los heridos de mayor gravedad fueron trasladados al hospital Dr. Miguel Oraá, en el estado de Portuguesa, cuyas instalaciones colapsaron por la gran cantidad de personas que llegaban con impactos de bala.
Los fallecidos fueron llevados a una morgue improvisada en las proximidades de la cárcel para ser identificados y poder informar a los familiares.
“Hoy en Guanare vemos una nueva masacre en las cárceles de nuestro país bajo el control y la responsabilidad de la dictadura. Mientras sigan usurpando funciones, la vida de todos los venezolanos corre riesgo”, afirmó Juan Guaidó en su cuenta de Twitter.
La versión oficialista sobre los sucesos también fue refutada por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, que exigió una investigación completa sobre lo sucedido en Guanare.
La directora del observatorio, Carolina Girón, calificó de “dudosa” la versión chavista de que los prisioneros quisieron fugarse “a plena luz del día”.
Esa organización subraya que el penal de Guanare –con capacidad para 750 personas- se encontraba sobrepoblado, pues albergaba a 2.500 presos.
Son “víctimas del hacinamiento y la desidia”, subrayó Girón, quien fue respaldada por la diputada María Beatriz Martínez.
Según la diputada opositora al régimen chavista, el motín se produjo porque los prisioneros no tenían alimentos en el centro penitenciario y desde horas de la mañana intentaban negociar con las autoridades sobre su situación.
La alimentación de la mayoría de los presos en Venezuela está a cargo de sus familiares, explicó Martínez, y dijo que las visitas de los mismos fueron suspendidas hace casi 50 días por el inicio de la cuarentena por el coronavirus.
Las dificultades de movilidad que hay en el país por la falta de gasolina y las restricciones de circulación de vehículos impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro también han afectado la distribución de alimentos y de recursos destinados a los penales.
El activista Humberto Prado, comisionado de Juan Guaidó para Derechos Humanos, afirmó que en ese penal del occidente venezolano los reclusos viven en deplorables condiciones de salubridad, con casos de enfermedades como tuberculosis, escabiosis y hepatitis.
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