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El régimen venezolano de Nicolás Maduro anunció que "supervisará" los precios de los productos de Alimentos Polar, la mayor empresa productora de alimentos del país, así como de otras dos compañías a las que acusa de haber especulado, informó este viernes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.
El objetivo de esta medida es que "se preserven y se respeten los precios acordados de los productos que se están fabricando, que se están produciendo y también determinar los receptores de estos productos", aseguró Rodríguez en un mensaje televisivo, en el que también informó de la "ocupación temporal" por 180 días de otra empresa dedicada a la producción y venta de aceites, Coposa.
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La justificación oficial para lo que parece una intervención en toda regla es "garantizar los derechos socioeconómicos" de los venezolanos, "evitar las distorsiones en la cadena de costos y precisar qué está afectando a los precios". El régimen venezolano intentaría así paliar el descontento de un sector de la población que dependía del programa oficial de racionamiento y distribución de alimentos (las famosas cajas CLAP) en medio de la cuarentena decretada por la epidemia de coronavirus.
Alimentos Polar, integrante del conglomerado Polar, es una de las mayores empresas de alimentación de Venezuela. Fabricante de la tradicional harina de maíz marca "PAN", entre otros muchos productos omnipresentes en la mesa de los venezolanos, ahora será sometida a una "medida de venta supervisada" por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
Lo mismo le ocurrirá a Plumrose, empresa de embutidos, y a un matadero de Tumero, en el céntrico estado Aragua.
"Estas empresas se estaban convirtiendo en marcadores referenciales especulativos. Queremos que se preserven los niveles de producción", aseguró Rodríguez, al explicar que las medidas se tomaban en función de la Ley Orgánica de Precios Justos.
La vicepresidenta ejecutiva también aseguró que la ocupación de Coposa será por 180 días "que pueden ser prorrogados" y detalló que la medida "busca garantizar la producción pero preservar que no se convierta (…) en un precio marcador especulativo".
Según explicó, todas estas medidas aspiran a "precisar las distorsiones que se puedan estar presentando, tanto en la estructura como en cadena de costos" y de ese modo saber qué "está afectando la composición y la configuración de los precios" que afectan directamente a la población.
Como parte de la nueva batería de medidas, Rodríguez explicó que sostuvo una reunión con la Asociación Nacional de Supermercados y Abastos (ANSA) y "se estableció una mesa para lo precios acordados de 27 productos".
Por su parte, Empresas Polar tachó este sábado de "arbitraria" la supervisión de precios y pidió dejarla "sin efecto" al considerar que genera "zozobra" en medio de la pandemia de COVID-19.
"No hay ninguna razón ni justificación para esta medida arbitraria", dijo en un comunicado Lorenzo Mendoza, presidente de la compañía.
La supervisión, "lejos de ayudar a la tranquilidad del país, genera angustia y zozobra", afirmó la compañía, que sostiene que la medida "afecta gravemente" el trabajo "para garantizar el abastecimiento de alimentos en este momento tan crítico".
Esta semana, el gobernante Nicolás Maduro acusó a los comerciantes de especular con los precios de los productos alimenticios.
Aunque la Ley de Precios Justos no había sido derogada, sus efectos, entre ellos el control de precios, se habían relajado desde junio del año pasado en un país que vive un periodo de hiperinflación desde noviembre de 2017 que se ha mermado en los últimos meses.
El racionamiento y la regulación de precios de venta al público de productos de primera necesidad, como leche, azúcar o harina de maíz, ha sido una constante de los gobiernos chavistas.
En varias ocasiones desde 2013 se han producido varias jornadas de ventas con precios supervisados que, en la práctica, han supuesto notables bajadas de precios.
Los venezolanos sufren una voraz inflación con un índice interanual de 3.365% en marzo, según el Parlamento de mayoría opositora, que ofrece un informe inflacionario desde 2017 por la escasa disponibilidad de cifras oficiales.
Las últimas cifras divulgadas en febrero por el Banco Central de Venezuela reconocían una inflación del 9.500 % en 2019, una cifra que demuestra la desaceleración en ese país y la crisis económica bajo la gestión del dictador Maduro.
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