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Los tribunales cubanos juzgaron el pasado año 15 casos de trata de personas, de los cuales la mayor parte, 12 en total, correspondieron a la modalidad de explotación sexual, otros dos tenían como fin la mendicidad forzada y el último, la esclavitud.
Según relata el informe presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la prevención y enfrentamiento a este tipo de delitos, en 2019 se detectaron “nuevas y mayores complejidades en el accionar de la delincuencia doméstica o extranjera que incide en el país”.
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El organismo reconoce que durante el periodo citado ocurrieron “procesos y eventos con implicaciones importantes a nivel nacional”, en los cuales fueron identificadas 25 víctimas. Del total, 18 eran del sexo femenino: 10 mujeres y ocho niñas, y siete del masculino: seis hombres y un niño.
El documento subraya el intercambio permanente de información con entidades como la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y otras de diversos países europeos y de la región, así como de Naciones Unidas.
Pese a que el régimen cubano presume de mantener una política de “tolerancia cero” con la trata de personas y de una “baja incidencia” en la Isla, en junio de 2019 Estados Unidos la incluyó en su “lista negra” de países que no hacen lo suficiente para combatir este flagelo.
Tras mantenerla durante los últimos tres años en una lista de observación (nivel dos), el Departamento de Estado norteamericano incluyó a Cuba en la categoría tres, por no “cumplir completamente los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas y no estar haciendo esfuerzos significativos para ello”.
Ese año, se le reprochó también a la nación caribeña que no criminaliza “la mayoría de las formas de trabajo violento o tráfico sexual de niños de 16 y 17 años, y no ha informado de los servicios especializados para las víctimas identificadas”.
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