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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha calificado este lunes como de "alcance limitado" los indultos a 2.604 presos en el país anunciados por el Gobierno, al tiempo que ha pedido a las autoridades reformar la justicia penal, decretar una amnistía general para los prisioneros políticos y que respeten los derechos y libertades políticas.
"Aunque la medida alivia la vida de estos cubanos y sus familias, ya de por sí golpeada por la difícil situación que vive el país, tiene un alcance limitado en cuanto al número de presos y en cuanto a la naturaleza de lo que Cuba necesita en materia penal", afirma este comunicado fechado en Madrid, donde esta ONG tiene su sede.
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"Tanto los indultos anteriores como el anunciado hace unos días, son la constatación de la exagerada población penal del país y del arbitrario proceder de las autoridades cubanas", apunta el OCDH.
En el comunicado, el OCDH detalla que "antes del régimen castrista, en la isla –con 6 millones de habitantes– había 14 cárceles; hoy, medio siglo después, hay alrededor de 300 prisiones para 11 millones de ciudadanos".
"El sistema penitenciario cubano es un enorme agujero negro, Cuba cuenta hoy día con una prisión por cada 40 mil habitantes. Antes de 1959 la relación era de una cárcel por cada 300.000", agrega.
Esta ONG estima que en Cuba hay más de 140.000 reclusos, aunque las cifras más recientes divulgadas por el Gobierno –de 2012– eran de 57.337.
El OCDH señala en su comunicado que es indispensable que el Gobierno de Cuba inicie "una profunda revisión y reforma de la justicia penal".
"Concretamente, un cambio legislativo que, entre otras cosas, garantice la independencia del sistema judicial; despenalice el ejercicio de los derechos y libertades políticas; limite la cantidad de tipos de delitos y que, en consecuencia, el derecho penal solo intervenga ante los ataques graves a los bienes jurídicos más importantes, como plantea el principio de “intervención mínima”; y ponga punto final al condicionamiento político en la conducción de los procesos judiciales y el establecimiento de las penas", detalla.
Esta institución pidió decretar "una amnistía general inmediata para todos los prisioneros políticos que, según nuestros informes, son 139; así como el indulto o sustitución de penas para todos aquellos encarcelados por delitos cuyo origen real está en la incapacidad del régimen de superar la crisis económica y de garantizar a sus ciudadanos una vida digna. Entre estos tipos, el delito de hurto y sacrificio de ganado mayor".
La lista de personas indultadas, que no ha sido divulgada por La Habana, no permite al OCDH conocer si "se incluyen presos políticos o de conciencia; pero esperamos que el Gobierno ponga fin al encarcelamiento de prisioneros políticos como Armando Sosa Fortuny, que ha pasado más de 40 años en las cárceles cubanas", agrega.
Otra ONG de la isla, Cuban Prisioners Defenders, no reconocida tampoco por el régimen de La Habana, señaló al diario español ABC que "desde 2015, Cuba se dió cuenta de que tenía un problema de hacinamiento en las prisiones y de falta de recursos para atenderlas de tal tipo, que inició un proceso que se denomina "drenaje carcelario". Desde 2016 cada año suelta sin que hayan cumplido las penas a más de 2.000 presos de golpe".
Pese a que en las autoridades cubanas divulgaron que en la nueva Constitución estarían garantizadas las garantías para los ciudadanos ante la justicia, en Cuba continúan las detenciones arbitrarias de personas no afines al Gobierno, así como la prohibición de salida del país.
Solo en el primer semestre de 2019, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) contabilizó al menos 1.468 detenciones arbitrarias en la isla.
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