Vídeos relacionados:
Estados Unidos intensificó su respuesta tras la muerte de Rafael Acosta, un capitán de la Armada venezolana, y sancionó a cuatro altos funcionarios de la agencia de contrainteligencia militar de Venezuela.
Las sanciones recayeron sobre el general Rafael Ramón Blanco Marrero, el coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, el mayor Alexander Enrique Granko Arteaga y coronel Rafael Antonio Franco Quintero, según informó el viernes el Departamento del Tesoro a través de un comunicado.
Lo más leído hoy:
Los cuatro uniformados forman parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a la que Washington le impuso sanciones la semana pasada, días después de conocerse el fallecimiento de Acosta, que estaba detenido bajo custodia de la contrainteligencia militar.
Además sus familiares y abogados denunciaron que su muerte se produjo por torturas.
"Los Estados Unidos continuarán responsabilizando a las personas que están involucradas en el uso del régimen de Maduro de la intimidación y la represión para atacar y silenciar a los opositores políticos, civiles inocentes y miembros de las fuerzas armadas", dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.
"Estados Unidos utilizará todas sus autoridades para atacar a aquellos que han ayudado al régimen ilegítimo de Maduro a reprimir la disidencia, la libertad de expresión y la voluntad del pueblo venezolano", añadió en la nota.
El régimen de Maduro confirmó la muerte el 29 de junio del capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta, de 50 años, que había sido arrestado ocho días antes por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado.
El general Blanco es el subdirector de la DGCIM, Guerrero es su director de investigaciones, Granko dirige una unidad de asuntos especiales de la Dirección de Contrainteligencia y Franco fue el exdirector investigativo.
"La DGCIM, incluidos estos funcionarios, ha sido acusada de abusos sistemáticos de los derechos humanos y de reprimir a los disidentes", indicó el Departamento del Tesoro.
Las sanciones consisten en el congelamiento de cualquier propiedad e intereses que los cuatro uniformados puedan tener en Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses.
(Con texto de Reuters)
Archivado en: