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El caso de Rafael Acosta ha puesto de relieve la vulneración de derechos humanos que sufren los militares venezolanos que se muestran críticos con Nicolás Maduro.
Según explicó al diario El Mundo el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, las torturas y los "tratos degradantes forman parte de una política de estado dirigida a enviar un mensaje a los integrantes de la Fuerza Armada". "Es intimidación y terror", aseguró el representante de una organización que cifra en más de un centenar los militares que están prisión.
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El pasado 13 de julio Tamara Suju, directora de Casla Institute, señaló que recientemente se registraron numerosos casos en los que las víctimas fueron "asfixiadas con bolsas plásticas y gases tóxicos".
En este sentido describió las torturas que sufrió Acosta antes de fallecer. "A él y a varios detenidos de su causa, se los llevaron a un lugar boscoso en las afueras de Caracas", afirmó.
"Lo colgaron desnudo de un árbol con los brazos atados en la espalda y los ojos cubiertos por un cartón. La escena parece sacada de una película de horror donde varios seres humanos estaban colgados una atrás del otro en diferentes árboles escuchando como gritaban sus compañeros", denunció.
"Lo golpearon con palos en la cabeza, costillas, abdomen, codos, rodillas y en los pies. Le dispararon cerca del oído para aturdirlo y para que perdiera la audición. Le echaron ácido y no sabemos si fue aquí o en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgicm) donde le aplicaron las descargas eléctricas y otras torturas", añadió Suju.
Este relato terrorífico refiere lo que sufren aquellos que alzan su voz contra el dirigente chavista, tal y como confirmó al citado medio el diputado Franco Casella, presidente de la subcomisión para las Fuerzas Armadas en el Parlamento.
"Hay un patrón desde la misma detención. Todas empiezan no por una investigación formal, sino por un rumor. Hay gente presa simplemente por ser incorporada a un grupo de whatsapp. Hay oficiales que deciden elevar la voz porque no tienen cómo alimentar a su tropa o tenientes a los que el sueldo no les alcanza para vivir y no entienden cómo sobrevive el resto", dijo.
Un plan de terror que también incluye a las familias de los oficiales detenidos. Según explicó a El Mundo Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Fuerza Armada, los familiares "son hostigados y robadas sus casas".
"En los cuarteles el discurso de lealtad es como pintura roja que se echa a un rebaño para detectar quienes se sienten incómodos y vigilarlos. En cada unidad hay un militar cuya labor es la de ser comisario político del régimen, sin importar su grado y jerarquía, para realizar informes de todo aquel que no esté alineado con el proceso", alertó.
Estos testimonios ayudan a poner en valor las denuncias de los familiares del capitán Rafael Acosta, que perdió la vida en la madrugada del 29 de junio bajo la custodia de Contrainteligencia Militar.
El régimen de Maduro enterró al militar venezolano el pasado 10 de julio en contra de la voluntad de su familia. "(Estamos ante) una inhumación controlada. Yo lo maté, yo lo entierro", señaló el abogado defensor Alonso Roa.
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