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La administración de Donald Trump añadió oficialmente este miércoles una aerolínea, tres hoteles y un centro de buceo a la lista de más de 200 entidades y subentidades cubanas que no pueden realizar operaciones financieras con compañías y ciudadanos de Estados Unidos.
Las cinco adiciones hechas a la Lista de Entidades Cubanas Restringidas (CRL) del Departamento de Estado incluyen la empresa aérea Aerogaviota, los hoteles Santa Isabel, El Caney Varadero y Meliá Marina Varadero Apartamentos, y el centro de buceo Diving Center-Marina Gaviota, según el reporte divulgado por el Registro Federal.
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Las cinco adiciones hechas a la Lista de Entidades Cubanas Restringidas (CRL) del Departamento de Estado incluyen a la empresa aérea Aerogaviota, los hoteles Santa Isabel, El Caney Varadero y Meliá Marina Varadero Apartamentos, y el centro de buceo Diving Center-Marina Gaviota
El anuncio de las nuevas entidades restringidas fue publicado este miércoles por el Departamento de Estado. La decisión fue anticipada el pasado 17 de abril en Miami por el consejero de Seguridad Nacional John Bolton, quien también adelantó la restricción contra Aerogaviota, sin mencionar las otras cuatro restantes.
Aerogaviota, perteneciente a la corporación Gaviota, es una aerolínea dedicada a realizar vuelos nacionales e internacionales para transportación de pasajeros en el área de Centroamérica y el Caribe a solicitud del cliente. El hotel Santa Isabel se ubica en la zona colonial de La Habana Vieja y está administrado por Habaguanex, mientras que El Caney Varadero y Meliá Marina Varadero Apartamentos, aparecen bajo la sombrilla de Gaviota.
El grupo de empresas sancionadas está subordinado a GAESA, el conglomerado empresarial de las fuerzas militares cubanas.
La medida forma parte de la política de reforzamiento del embargo que impulsa la administración de Donald Trump, y que busca sancionar a Cuba por su incondicional respaldo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
"El Departamento de Estado continuará actualizando la Lista [CRL] según sea necesario para garantizar que los fondos de Estados Unidos no apoyen directamente el aparato de seguridad de Cuba. Los servicios militares, de seguridad e inteligencia de Cuba suprimen los derechos humanos del pueblo cubano y están profundamente arraigados en Venezuela, brindando respaldo al régimen de Nicolás Maduro y contribuyendo a la opresión del pueblo venezolano", indicó un comunicado oficial.
La CRL está integrada por empresas y sucursales controladas por las fuerzas militares o los servicios de inteligencia y de seguridad cubanos. Estados Unidos prohíbe de manera general negocios y transacciones financieras con las entidades registradas en el listado, argumentando que cualquier operación serviría para beneficiar de manera desproporcionada al aparato militar y la élite gobernante en Cuba.
El objetivo es limitar el comercio, los viajes y los gastos de estadounidenses en Cuba.
La versión original de la CRL se difundió con 180 entidades en noviembre de 2017 como parte del nuevo giro de la política de Washington hacia Cuba tras el acercamiento diplomático propiciado por Barack Obama. Con posterioridad, la administración Trump añadió 26 empresas y sucursales, y el pasado 11 de marzo sumó otro grupo de cinco.
Con este cuarto añadido, el número de entidades incorporadas a la lista asciende a 218.
Entre las entidades restringidas figuran las Fuerzas Armadas (FAR) el Ministerio del Interior (MININT), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y compañías, sociedad anónimas, grupos empresariales vinculados con esos organismos militares, según el Departamento de Estado.
La Zona Especial de Desarrollo Mariel y las Terminales de Contenedores de Mariel y La Habana también están bloqueadas para negociar con entidades y ciudadanos estadounidenses.
El anuncio de este miércoles se inscribe en una escalada de sanciones contra Cuba, anunciadas por el Departamento de Estado la pasada semana, las cuales van desde limitaciones de viajes y remesas hasta la implementación del título III de la Ley Helms-Burton para permitir demandas en tribunales estadounidenses por el uso de propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro.
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