El gobierno de Venezuela calificó en un comunicado de “piratería” y “práctica criminal reincidente” la confiscación por parte de autoridades estadounidenses del avión que utilizaba Nicolás Maduro para sus traslados internacionales.
“La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que una vez más las autoridades de los Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el presidente de la República, justificándose en las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal impone alrededor del mundo”, dice el comunicado, publicado en la cuenta de Instagram del Ministro de Exteriores de ese país.
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La nota añade que “esta acción revela que ningún Estado y ningún gobierno constitucional está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional”; apunte curioso si se tiene en cuenta son varios los gobiernos en el mundo que no reconocen ahora mismo como constitucional ni legal el gobierno de Nicolás Maduro tras las denuncias de fraude electoral en su contra.
“Estados Unidos ha demostrado ya que utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presiona a Estados como el de República Dominicana, para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales”, agregó la Cancillería; que a continuación aludió a “la ley del más fuerte” para “crear normas que se ajusten a sus intereses y ejecutarlas con total impunidad”.
La Cancillería de Venezuela -que hizo referencia a “una escalada de acciones” contra Maduro- llegó a decir que “se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la Nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal de medidas coercitivas unilaterales”.
De Maduro el comunicado dice que fue “reelecto por voluntad de la mayoría del pueblo venezolano el pasado 28 de julio", y que "no se dejará presionar por ninguna agresión".
"Venezuela se respeta y continúa defendiendo con firmeza su dignidad y su soberanía”, concluyó el comunicado.
Hasta el cierre de esta nota el gobernante Nicolás Maduro no ha comparecido en la televisión nacional sobre el tema.
El avión -un jet privado Dassault Falcon 900EX- fue confiscado en República Dominicana en la mañana de este lunes y trasladado al aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida.
“El Departamento de Justicia incautó una aeronave que fue adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos para uso de Nicolás Maduro y sus compinches”, declaró en un comunicado el fiscal general estadounidense, Merrick Garland.
Estados Unidos afirma que a finales de 2022 y principios de 2023 individuos vinculados con Maduro utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión.
En abril del pasado año la aeronave fue exportada ilegalmente desde Estados Unidos hacia Venezuela a través del Caribe, y a partir de mayo de 2023 la aeronave voló casi exclusivamente desde y hacia una base militar en Venezuela.
En las últimas horas el canciller dominicano Roberto Álvarez aclaró que su gobierno no participó en la investigación que llevó a la confiscación del avión.
"Ni el Gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado en el proceso de investigación de Estados Unidos, solamente se requirió esa cooperación jurídica internacional y como se cumplió con las normas indicadas y se obtuvieron sendas órdenes judiciales, el Ministerio Público cumplió con lo ordenado por los tribunales”, dijo Álvarez ante periodistas.
“Dicha aeronave se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento”, añadió.
En Cuba, Miguel Díaz-Canel ha condenado la incautación de la aeronave.
"Una vez más Venezuela es centro de las agresiones y el chantaje. Denunciamos el despojo de recursos que pertenecen al Estado Venezolano y reclamamos el levantamiento total de las medidas coercitivas unilaterales contra los hermanos venezolanos", escribió Díaz-Canel en X.
También manifestó su condena el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.
Desde Florida, en cambio, el congresista cubanoamericano Carlos Giménez se refirió al suceso como un avance en el que "pronto será extraditado (Maduro) a los Estados Unidos por sus infinitos crímenes de lesa humanidad".
Con este episodio se intensifican las investigaciones sobre el Gobierno venezolano en medio de las tensiones por el fraude electoral cometido por el gobernante Nicolás Maduro el pasado 28 de julio y en las que el gobierno de Estados Unidos ha sido muy crítico.
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