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El juicio oral contra el líder mapuche chileno Héctor Llaitul, juzgado por los delitos de incitación y apología a la violencia, entre otros, reveló conversaciones comprometedoras donde se menciona un plan para adquirir armas en Cuba y hacerlas ingresar clandestinamente a su país a través de Argentina.
La fiscalía, que pide penas que suman 25 años de presidio contra el máximo representante de la organización indígena Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), presentó los detalles sobre varios contactos para el ingreso ilegal de armamento pesado al país, informó el diario La Tercera.
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"El imputado no solo es una personas que recibe instrucciones o comentarios de las comunidades, sino que es él mismo quien instruye en muchas ocasiones movimientos de armas y la perpetración de hechos violentos", con una "constante búsqueda de armas de fuego", dijo la Fiscalía.
Advirtió asimismo sobre la presencia de conversaciones para la compra de armamento y munición desde Cuba y Argentina, a partir de pruebas obtenidas del teléfono de Llaitul por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).
"El contenido del teléfono muestra instrucciones para el traslado de armas y conversaciones sobre quiénes participarán en determinados actos o atentados. Sin embargo, esta investigación se centra en hurto, usurpación e infracciones a la Ley de Seguridad del Estado. Otros delitos están siendo investigados por las fiscalías pertinentes", declaró el fiscal Héctor Leiva, de la Fiscalía de Alta Complejidad.
Llaitul enfrenta cargos por incitación y apología a la violencia según la Ley de Seguridad del Estado, además de acusaciones por usurpación, hurto de madera y atentado a la autoridad.
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, recordó que el líder mapuche "ha asumido públicamente que la violencia política es la forma de alcanzar sus objetivos".
Agregó que Llaitul no solo hacía llamamientos a las comunidades, sino que estaba detrás de decisiones cruciales para llevar a cabo acciones violentas y sabotajes.
El líder del CAM fue detenido en agosto del 2022 por funcionarios de la PDI que llegaron hasta una cocinería de Cañete, en la región del Biobío, para arrestarlo.
Además, los detectives tenían una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantía de Temuco para la captura del comunero mapuche.
En esa orden se autorizaba a incautar el teléfono marca Redmi, modelo Note 10 Pro, propiedad de Llaitul, de donde se obtuvieron más de 200.000 datos que, luego de ser procesados y entregados al Ministerio Público, se han convertido en piezas claves de para el juicio oral que comenzó el pasado 12 de marzo.
La Fiscalía busca probar la participación intelectual del mapuche en distintos hechos de violencia rural.
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