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Venezolanos encarcelados en Trinidad y Tobago junto al grupo de 78 cubanos, detenidos el viernes por protestar durante tres semanas frente las oficinas de Acnur en Puerto España, sospechan que los refugiados de Cuba recibirán un trato diferenciado al del resto de solicitantes de protección internacional varados en el país.
"Aquí llegaron setenta y pico de cubanos y todos tienen papeles de Living Water (Community) y del refugio y los van a llevar a Corte (este martes), supuestamente los van a perdonar y a sacar de la cárcel. ¿Por qué a nosotros no nos hacen igual? Yo no entiendo. Esta cárcel es demasiado loca", se queja un venezolano en un audio al que ha tenido acceso CiberCuba.
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El sábado pasado un representante del Gobierno trinitario dijo que su país pretende negociar con la embajada de Cuba la repatriación del grupo de 78 cubanos, pese a que las leyes internacionales prohíben repatriar a solicitantes de asilo.
También aclaró que su país no tiene ninguna legislación que contemple la regularización de inmigrantes solicitantes de asilo.
El fiscal general de Trinidad y Tobago, Faris Al-Rawi, ha reavivado la polémica al sugerir la necesidad de someter a consulta popular la política de refugiados.
En su opinión, la ciudadanos deben votar la adherencia a tratados internacionales como el de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados firmados en 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, aún sin ratificar.
Al-Rawi cree que una cosa es estar de acuerdo desde el punto de vista humanitario y otra muy distinta que los contribuyentes asuman determinadas obligaciones, según informa Newsday.
"Para que la ley internacional se convierta en ley local, usted tiene que llevarla al Parlamento y luego adaptar la legislación local. Trinidad y Tobago no ha ratificado esas convenciones", dijo Al-Rawi.
Por eso, insistió hay que debatir en el Parlamento a cuántas personas habrá que dar acogida si se ratifican.
Por su parte, refugiados y solicitantes de asilo en Trinidad y Tobago han hecho público un documento en el que reclaman a este país una solución al limbo en el que se encuentran, teniendo en cuenta que hay venezolanos que llevan hasta 4 años detenidos en Centros de Inmigrantes o en cárceles.
Ellos defienden que al firmar los tratados internacionales, la falta de legislación interna no exime a Trinidad y Tobago de asumir las responsabilidades establecidas en esos convenios. "Queremos una definición clara de nuestro estado de refugiados para saber cuál será nuestro futuro en este país", añaden.
Fuentes cercanas a la defensa de los refugiados desmienten las declaraciones del fiscal general de Trinidad y Tobago, aclarando que todo el dinero para atender a los solicitantes de asilo sale de Naciones Unidas. "Ni siquiera ponen el potecito de agua de 300mml que dan una vez al día a los refugiados presos en las cárceles", señalaron.
El Gobierno de Trinidad y Tobago considera que es Acnur quien debe buscar reasentamiento para los refugiados.
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