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Un juez federal de México negó el amparo a la compañía Global Air, dueña del avión que se estrelló en La Habana causando la muerte de 112 personas, luego de que esta entablara una demanda contra la visita domiciliaria extraordinaria realizada por la Aeronáutica Civil (DGAC) de ese país.
Según reporta el periódico mexicano El Universal, el juez Décimo Tercero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México decidió este miércoles negar la protección federal a la empresa, también conocida como Aereolíneas Damojh.
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El juez consideró que la visita de verificación técnica notificada el pasado 22 de mayo (tres días después del accidente) “estuvo apegada a derecho”. Esta visita también suscitó entonces la suspensión temporal de las operaciones de la compañía.
Global Air había reclamado que la revisión era inconstitucional pues el funcionario que la ordenó, el director adjunto de Seguridad Aérea de la DGAC, “no tenía facultades para emitir una orden de ese tipo”.
La sentencia, no obstante, recalcó que esa entidad sí está facultada “para vigilar, inspeccionar y verificar el cumplimiento de sus atribuciones”.
El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad mexicano que tiene por objetivo proteger los derechos humanos y derechos fundamentales establecidos en la Constitución cuando estos son violados por normas generales, actos u omisiones de autoridad o de particulares señalados en la ley.
Este recuerso se encuentra regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, denominada la Ley de Amparo.
Con sede en el aeropuerto nacional de Celaya, Guanajuato, Global Air recibió críticas por parte de ex empleados, quienes dijeron que existían denuncias previas de irregularidades y fallos técnicos en las aeronaves.
De acuerdo con el Gobierno mexicano, en el momento del accidente la aerolínea disponía de tres aeronaves comerciales y tenía permisos para ofrecer servicios aéreos hasta junio de 2020.
Asimismo, informaron que la compañía ya había sido suspendida temporalmente de sus actividades en 2010 tras un aterrizaje de emergencia, y en 2013, a raíz de la demanda de un capitán de la empresa que denunció el estado de uno de los aparatos.
La empresa, rentada por la estatal Cubana de Aviación, emitió un comunicado en julio culpando a los pilotos de la aeronave por el accidente, lo cual fue desmentido rápidamente por la Aeronáutica Civil mexicana.
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